Las víctimas de la Ley del 'solo sí es sí' se unen contra Irene Montero: a la podemita le crecen los enemigos

Las víctimas de la Ley del 'solo sí es sí' se unen contra Irene Montero: a la podemita le crecen los enemigos

09/12/2022

| Alexis Rodríguez

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La ministra de Igualdad sigue ganándose problemas por su medida patética y bochornosa: se lo tiene merecido

Irene Montero, no sabe en el lío que se ha metido con la bochornosa, patética y estúpida ley del 'solo sí es sí'. A la podemita, no le dejan de salir frentes por todas partes, pero es que lo cierto es que ha sido ella quien se lo ha buscado. En esta ocasión, las víctimas de estas medidas han decidido unirse en una asociación de afectados por la reforma de esta ley. Quieren pedir protección, ya que les resulta hiriente que sus agresores sexuales vean rebajadas sus condenas. El dato es demoledor y bastante preocupante, debido a que ya son 50 desalmados los que han visto reducidas sus penas, dejando así a 13 de ellos. Preocupante, ¿verdad?

Este organismo tiene el objetivo de velar por la protección y defensa de los derechos de las mujeres afectadas por la aplicación y ejecución de la nueva ley. Asimismo, como no podía ser de otra manera, nace a consecuencia de que esta ley se ha gestionado desde el poder ejecutivo y con la finalidad principalmente política de captación de votos.

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Esta asociación ha visto la luz verde gracias al amparo de la Fundación Zaballos para la Defensa de los Derechos Constitucionales, presidida por la penalista Emilia Zaballos. Este asevera que han tenido que ponerla en marcha porque están viendo que jueces y magistrados están efectuando la norma aunque no la compartan y están permitiendo que cada vez haya más delincuentes en la calle, perjudicando así el sentimiento de protección y de seguridad de la sociedad y de las víctimas de esta violencia en particular.

Esta ley entró en vigor el pasado 7 de octubre. No lo olviden. Pues bien, desde entonces hasta 17 audiencias provinciales se han pronunciado a favor de revisar esas penas, sólo, a día de hoy, las de Navarra y La Rioja se mantienen en contra. Desde la Fundación Zaballos sostienen lo siguiente: la ley no ha sabido blindarse para evitar lo que está sucediendo a día de hoy, con rebajas importantes de penas por hechos muy graves, que afectan a muchas mujeres y crean una grave alarma social, con el innato sentimiento de desprotección para las víctimas de la violencia sexual.

Además, recuerdan que varios organismos judiciales, tales como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado advirtieron de los errores de la nueva ley. Cabe resaltar que añaden lo que cada uno de estos tres organismos alertaban respecto a los fallos que presenta esta medida del 'solo sí es sí'. En el caso del CGPJ, resaltaba que en el artículo 245 la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se haya impuesto las penas máximas. Desde el Consejo Fiscal se dijo que va a resultar extremadamente difícil la imposición de penas tan elevadas en su grado máximo y el Consejo de Estado señaló que la redacción es susceptible de mejoras que hagan el precepto más comprensible y riguroso.

Voz de alarma

Las afectadas por la Ley Montero quieren concienciar a la ciudadanía acerca de una cuestión poco explicada: "Esta ley no va a ser fácil de solucionar, pues aunque se dictase una nueva ley para incrementar las penas, sólo se podría aplicar la reforma a quienes hubiese cometido un delito a partir de la nueva entrada en vigor de la nueva norma. A aquellos que actualmente están pendientes de enjuiciamiento o cumpliendo sus condenas se les debe aplicar la ley más favorable", afirman.

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Su finalidad es el acompañamiento de todas esas personas, en especial las mujeres, las grandes perjudicadas de la violencia de género, quienes ante la situación de desconcierto y confusión generada pueden verse desprotegida. Por este motivo, ofrecen asesoramiento o información hasta la defensa integral de los derechos de todas y cada una de ellas. 

Su objetivo fundamental es garantizar la protección y defensa de los derechos de las mujeres afectadas por la aplicación de esta nueva ley. Asimismo, la Fundación destaca en un comunicado que "esta ley se ha gestionado desde el poder Ejecutivo y con la finalidad principalmente política de captación de votos, lo que desprende de la rapidez y forma en la que se tramitó buscando movilizaciones sociales contra mujeres víctimas, ofreciéndoles algo que después no se ha cumplido, al menos en la forma ofrecida".

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