Desde hace dos meses, el coronavirus de Wuhan está poniendo a prueba al Ejecutivo de Pedro Sánchez en España, dejando al presidente más solo que nunca en la Moncloa.
Y es que muchas han sido las voces críticas con la gestión del socialista de la crisis sanitaria, ya no sólo por su tardanza en reaccionar, sino también por la ineficacia que está demostrando día tras día en la obtención de material sanitario, tan necesario en la lucha con la pandemia.
Sin embargo, algunos de los más criticos con el Presidente no se han limitado a exponer sus quejas de forma pública, sino que han decidido llevarlas a los tribunales.
Estos son los delitos de los que se le acusa
La primera denuncia contra el socialista llegaba el 26 de marzo, de mano del abogado Víctor Valladares, que acusaba al Presidente de delitos de prevaricación y lesiones por imprudencia profesional al haber permitido la manifestación del ocho de marzo.
Aproximadamente un mes más tarde, el 20 de abril, el letrado Antonio Cortés Borges presentaba un escrito contra Sánchez, acusándole de un presunto delito por funcionario público contra derechos individuales. Según Cortés, el estado de alarma y sus prórrogas han "vulnerado derechos de contenido fundamental" de los ciudadanos españoles.
Ese mismo día, VOX pedía abrir una investigación contra el jefe del Ejecutivo, acusándole de delitos de imprudencia grave con resultado de muerte, lesiones con imprudencia grave, y delitos contra los derechos de los trabajadores por omisión de las medidas de seguridad.
Este mismo delito contra la seguridad de los trabajadores es la base que fundamenta la querella presentada el 23 de abril por el Consejo General de Enfermería de España.
El 8 de mayo se unia a las querellas la de la Asociación Española de Abogados Cristianos, que se querellaban contra el Presidente por un delito de prevaricación y otros dos delitos contra el sentimiento religioso, por interrupción y prohibición del culto, con el agravante de "discriminación".
El Supremo no se ha pronunciado al respecto
Estas acusaciones podrían poner en riesgo al Presidente del Gobierno, ya que todos ellos contemplan penas de prisión e inhabilitación.
Más de una decena de delitos se le imputan a Pedro Sánchez que, en calidad de aforado, sólo podrá ser investigado o juzgado si así lo considera el Tribunal Supremo. (¡¡Sánchez castiga a Madrid!!)
De momento, los jueces del Supremo no se han pronunciado respecto a estos procedimientos, siendo la única respuesta la de los jueces de lo Contencioso-Administrativo, que han rechazado las medidas cauterales contra el Presidente.