El escrito de acusación de la Fiscalía contra 18 de los 25 golpistas que fueron procesados por el juez Pablo Llarena tras el 1 de octubre ya está prácticamente terminado. Nueve de ellos serán acusados de rebelión, en seis casos en la modalidad agravada por el delito de malversación que se imputa a los miembros del gobierno catalán en ese momento. Oriol Junqueras encabeza la lista.
Como líder de la rebelión, el ex líder de Esquerra Republicana de Catalunya se enfrenta a una pena de prisión que oscilará entre los 25 y los 30 años, mientras que los ex consellers Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva y Dolors Bassa podrían ir a prisión por un periodo entre 15 y 25 años. Por el momento, todos ellos se encuentran en prisión preventiva.
Cada procesado será acusado según su papel en la rebelión
El borrador de los fiscales del caso indica que otro grupo de procesados lo será por el tipo básico de la rebelión (sin malversación). Es el caso de Carme Forcadell, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. La pena solicitada para los dos últimos variará entre los 15-25, los 10-15 o los 5-10 años en función de si se les considera jefes, mandos subalternos o simples partícipes respectivamente.
Un tercer grupo de ex consellers serán acusados de malversación, pero no de rebelión. Es el caso de Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santiago Vila. Fueron procesados también por desobediencia por Llarena, pero el Ministerio Público considera que deben ser acusados por desviar fondos públicos y nada más. Se enfrentan a penas de entre 6 y 8 años de prisión.
Los miembros de la Mesa que tramitaron las leyes secesionistas y la dirigente de la CUP Mireia Boya también serán acusados de desobediencia. Carles Puigdemont y los otros seis líderes independentistas fugados serán citados en el escrito de la Fiscalía.
La Fiscalía sostiene que hubo violencia independentista el 1-O
La Fiscalía ya expresó en octubre de 2017 en su querella contra los indepes que hubo violencia el 1-O: “Para la consecución del fin secesionista, los querellados se valieron de la población en incesantes actos de insurrección pública, desobedeciendo o resistiendo colectivamente la autoridad legítima del Estado, ocupando al efecto carreteras, calles o edificios públicos, y sometiendo a los agentes de la autoridad a un incesante acoso en actos que alcanzaron dimensión suficiente para colmar el elemento de violencia que requiere el tipo”.