El jarabe democrático que ha tenido que 'tragar' este verano el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en su chalet de Galapagar, debido a la nefasta gestión de la pandemia por parte del Ejecutivo, podría llevar a prisión a Miguel Frontera, uno de los ciudadanos que participó en las caceroladas contra los podemitas.
En concreto, el hombre fue el responsable de hacer sonar' frente a la vivienda de Pablo Iglesias e Irene Montero, el 'Que Viva España' de Manolo Escobar.
Una acción que no sólo podría llevarle a la cárcel, sino que también ha supuesto que, ante la "reiteración" de los actos de Frontera ante la vivienda de Galapagar, y el "miedo" de los inquilinos del casoplón, que el juez determine medidas de protección contra el ciudadano.
"La gravedad de los delitos, uno de ellos castigado con pena de prisión de uno a cuatro años; la reiteración de los hechos denunciados, la existencia de tres menores de edad [...] que podrían verse afectados por tales hechos, y la necesidad de evita la comisión de nuevos delitos [...] nos lleva a entender que resulta procedente el dictado de una medida de protección, consistente en prohibir a D. Miguel Ángel Frontera Díaz acercarse a D.Pablo Iglesias Turrión y Doña Irene Montero Gil, a su domicilio, a su lugar de trabajo y a los lugares frecuentados por los mismos" reza el auto.
Así mismo, la decisión judicial, a la que ha tenido acceso OKDiario, ha prohibido a Frontera "comunicarse con ellos, por cualquier medio o persona interpuesta; teniendo en cuenta, asimismo, en relación a esta última prohibición, que, para la comisión de algunos de los delitos [...] no sería necesario el contacto con la víctima".
El "miedo" podemita a Pablo Escobar
"Con miedo, señoría" ha asegurado sentirse la pareja podemita ante las acciones de Frontera, es decir, ante la reproducción del conocido '¡Que viva España!' de Manolo Escobar.
Así pues, los podemitas han asegurado, a través de una videoconferencia con la sede judicial, que no han podido pegar ojo, estando sumamente asustados, a pesar de lo altos muros de su vivienda y de la presencia de varios agentes especializados en protección a las puertas del chalet.
Un miedo a un hombre con un teléfono móvil que ha llevado a la Justicia a cargar contra el manifestante, aunque el propio auto reconoce que las medidas de 'protección' impuestas podrían afectar a los derechos fundamentales de Frontera.
"Las citadas medidas cautelares pueden afectar a los derechos fundamentales de la persona (art.19 CE)" afirma el auto "por ello, sólo podrán acordarse si, efectuando un juicio de ponderación entre el interés de protección de las víctimas y la afectación de los derechos fundamentales del investigado, resulta más relevante el primero".