La polémica ha sido una de las principales constantes en las decisiones del Gobierno de España durante este año 2020. Y es que los partidos de la oposición, así como la ciudadanía, no han entendido muchas de las decisiones tomadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Desde la decisión de Pedro Sánchez de formar Gobierno con aquellos que no le dejarían "dormir", Unidas Podemos, hasta la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 con el apoyo de nacionalistas vascos y catalanes a cambio de concesiones históricas, el rumbo tomado por el Ejecutivo socialcomunista ha creado la incerditumbre y la desconfianza hacia un gobierno que se enfrenta a una de las peores pandemias de la historia de España.
Algo que ya se notaba a finales de la primera ola de la pandemia, cuando varias comunidades, lideradas por la Comunidad de Madrid, exigían transparencia al Gobierno en cuanto a los parámetros sanitarios que determinaban las restricciones y la desescalada, sin conseguir una verdadera cooperación con el Ministerio de Sanidad.
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Un Ministerio de Sanidad que, ante la proximidad de las Navidades, volvía a pedir prudencia a los ciudadanos, mientras que estipulaba que, del 23 de diciembre al 6 de enero, los españoles podrán desplazzarse entre comunidades, si es con motivo de reunirse con familiares y allegados.
"Una persona con la que tienes una relación muy estrecha y quieres estar con él. Esto es lo que se va a permitir [...] No queremos que nadie esté solo" aseguraba el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Una decisión que, nuevamente, ha sido criticada por los gobiernos regionales, que una vez más, han decidido trabajar independientemente a la cartera de Sanidad para poner limitación a esta polémica decisión del Ejecutivo.
"Es un concepto amplio. Los allegados ya sabemos quiénes son, en fin, familiares o personas cercanas con las que sueles habitualmente pasar estas fiestas. No se trata de que haya un concepto debarra libre" ha asegurado Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, que ha asegurado que está trabajando con otras autonomías para limitar esta concesión de Salvador Illa a los viajes entre comunidades.
Pero no es ésta la única polémica medida establecida por el Gobierno de España que ya está siendo discutida y enfrentada por las comunidades autónomas.
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"Allí donde gobierna el PP, las familias podrán seguir eligiendo libremente el centro educativo de sus hijos, público o concertado".
Con estas palabras, el líder de los populares, Pablo Casado, aseguraba públicamente que tanto él como sus barones están actualmente trabajando para "blindar la educación concertada, la educación especial y el castellano como lengua vehicular" en las comunidades autónomas lideradas por el PP.
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Así pues, estas comunidades, lideradas por la Comunidad de Madrid, adelantarán "el plazo de inscripción" de los alumnos para el curso escolar 2021-2022, haciendo así que el próximo curso "no se vea afectado por las limitaciones de la Ley Celaá".
Una nueva lucha de las comunidades, a través de sus competencias regionales, contra las decisiones del Gobierno, que cada vez cuentan con menos apoyos dentro y fuera del Congreso de los Diputados.