Una política morada basada en el apoyo a los nacionalistas catalanes y el terrorismo vasco.
Apenas catorce meses ha estado Pablo Iglesias en el cargo de vicepresidente segundo del Gobierno; algo más de un año de actividad política dentro del Gobierno de España, marcada, indudablemente, por la pandemia del coronavirus.
Sin embargo, los continuos enfrentamientos con la parte socialista del Gobierno, y las claras preferencias de aliados de Iglesias, ha hecho que su tiempo dentro del Ejecutivo haya sido menos fructífero de lo que se esperaba, dejando un contador más negativo que positivo.
Y es que una de las principales críticas que se le hace al ya ex vicepresidente es su desatención a las residencias de ancianos españolas, una de sus principales competencias dentro de la vicepresidencia de políticas sociales, y uno de los focos de mayor gravedad durante la pandemia.
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Tal y como señala Libertad Digital, las residencias de mayores pertenecían al mandato de Iglesias, habiendo delegado Salvador Illa, ministro de Sanidad en ese momento, la gestión de estos servicios sociales y su coordinación a nivel estatal, urgiendo al podemita a medicalizar las residencias.
Sin embargo, tal y como se pudo comprobar, Iglesias se limitó a prometer 300 millones de euros a estos centros durante la pandemia; dinero que, lamentablemente, nunca llegó.
Pero la pandemia también sirvió para que el podemita lanzara una clara advertencia, el 31 de marzo de 2020, y en pleno confinamiento, sobre la economía estatal ante la crisis del Covid-19: "Toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general" aseguraba el podemita, citando la Constitución, y lanzando una amenaza de "corralito financiero" en Twitter.
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Corralito que al final no llegó, como tampoco llegaron las ayudas a las residencias de mayores, ni tampoco el Ingreso Mínimo Vital, su principal apuesta, que acabó siendo un gran chasco para los ciudadanos, ya que la gran mayoría de las peticiones de esta ayuda fueron devueltas a los solicitantes sin ser aprobadas.
Apoyo directo a los nacionalistas vascos y catalanes
Antes de su llegada a la Vicepresidencia, Pablo Iglesias ya establecía cuál sería la posición de su partido, y por ende del Gobierno, ante la cuestión secesionista catalana, demostrándolo poco después de su llegada al Ejecutivo: y es que el líder podemita no dudaba en reunirse con Junqueras en la cárcel de Lledoners.
Una reunión para aprobar los Presupuestos Generales del Estado que resultaba fallida, pero que establecía ya un vínculo entre los independentistas y Podemos.
Vínculo que posteriormente se ha fortificado, llegando incluso a afirmar Iglesias, públicamente, que "España no es una democracia plena", y no lo será hasta que se consiga "normalizar" la cuestión secesionista catalana; declaraciones que volvían a dividir al Ejecutivo central, pero que conseguían el apoyo mutuo entre las formaciones independentistas y Unidas Podemos.
Un apoyo que se repetía también con las formaciones nacionalistas vascas, que se han visto beneficiadas por sus relaciones con Podemos, a cambio del apoyo de estos partidos, entre los que se encuentran los herederos políticos de ETA, a las medidas prpuestas por el Ejecutivo central, desde los PGE hasta el estado de alarma.