Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, el primero fugado de la justicia y el segundo entre rejas, tenían un plan para hacer que una hipotética República Catalana tuviera solvencia económica: “Emitir dinero de forma infinita y en régimen de monopolio”. Así lo indica un informe intervenido al antiguo conseller de Hacienda, Josep Lluís Salvadó, por parte de la Guardia Civil.
Durante el registro a la sede del Departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat, las fuerzas del orden encontraron diversos informes sobre los planes financieros que tenían previstos PDeCAT y ERC en caso de lograr la independencia de España. Según estos informes, el nuevo Estado habría tenido que asumir unos costes de 5.000 millones de euros mensuales.
Creación de un Banco Central Catalán
Tal y como te contábamos hace unos días, los líderes independentistas tenían la intención de crear un Banco Central Catalán con un capital inicial de 350 millones de euros. Los golpistas tenían la intención de ingresar automáticamente en la Unión Europea y en la zona euro, a pesar de que la Comisión Europea no contaba con ello.
El informe en cuestión indica que el Banco Central Catalán habría contado con “capacidad de emitir dinero de forma infinita y en régimen de monopolio“, si bien se reconoce también que “este hecho podría entrar en contradicción con los principios monetarios de control de la inflación y de independencia del banco central respecto al poder gubernamental”, tal y como recoge OK Diario.
La idea que se planteaba en Cataluña iba completamente contra los principios de la Unión Europea y podría haber llevado a los catalanes, en caso de confirmarse la independencia, a una situación como la que se está viviendo en Venezuela: una hiperinflación que habría desatado el caos financiero y habría causado graves perjuicios para la ciudadanía, que habría perdido sus ahorros. Cataluña habría ido a la quiebra en pocos meses. Imagínense a quién le habrían echado la culpa…
ANC, Òmnium, ERC y PDeCAT trataron de frenar el registro
Los registros que se produjeron el 20 de septiembre de 2017 en la sede de la Consejería de Economía y Hacienda intentaron ser paralizados por ANC, Òmnium, ERC y PDeCAT, que lograron reunir a 40.000 personas manifestándose en los alrededores del edificio para intentar evitar el trabajo de los agentes. Cada día surgen nuevos documentos que explican por qué el independentismo quiso evitar a toda costa que la Guardia Civil registrara las oficinas donde se cocía el 1 de octubre.