La formación morada se creaba con la firme ideología y ética de luchar contra los casos judiciales dentro de la política, prometiendo a sus votantes ser una formación sin tacha y completamente transparente.
Sin embargo, esas promesas pronto empezaron a incumplirse, estando ahora Podemos envuelta en más de una polémica judicial, en la que los diputados y representantes podemitas están siendo enjuiciados y condenados por diversas faltas y delitos, como es el caso de Pablo Echenique, Isa Serra y, actualmente, Alberto Rodríguez.
Así pues, el actual diputado de la formación morada podría ser inhabilitado definitivamente tras ser encontrado como culpable de un delito de lesiones contra un agente por el Tribunal Supremo, que ha condenado a Rodríguez a algo más de un mes de inhabilitación especial del cargo.
Una condena que ha repetido este viernes el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, que ha remitido una carta a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, en la que le señala que la inhabilitación es "obligatoria", a pesar de las reticencias de la socialista y de las quejas de la formación morada.
En concreto, el magistrado ha recordado en la misiva que esa obligatoriedad deriva del artículo 56.1.2 del Código Penal, y que se debe imponer cuando hay una pena privativa de libertad, "como ha sucedido en el presente caso", desmintiendo así las acusaciones que desde la formación morada se han realizado, asegurando que era una 'persecución política' contra el diputado canario.
El Caso Dina vuelve a estar abierto
Sin embargo, el varapalo judicial que la inhabilitación de Alberto Rodríguez supone para la formación morada liderada por Ione Belarra no es el único que ha tenido que soportar Podemos en las últimas horas.
Así pues, coincidiendo con la misiva del Tribunal Supremo, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha revocado el auto del procesamiento con el que el juez Manuel García Castellón había cerrado el caso Dina, después de meses de investigación y de declaraciones de varios integrantes de la formación morada.
A través de un auto, notificado este viernes, la Audiencia Nacional ordena que se retomen las pesquisas sobre el robo de la tarjeta de la ex asesora de Pablo Iglesias, así como el llamamiento a declarar a la ex asesora, así como al máximo uniformado de la Policía en aquel momento, Eugenio Pino.
Una reapertura del caso de la tarjeta del móvil desaparecida, y entregada dañada posteriormente a la Justicia, que no sólo podría devolver a Iglesias a los tribunales, sino que vuelve a poner de manifiesto la ruptura del código ético que los principales representantes morados han llevado a cabo durante sus funciones dentro de Unidas Podemos.