El Gobierno de Pedro Sánchez trabaja a contrarreloj en la búsqueda de apoyos suficientes para aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Unos presupuestos que ya cuentan con el 'NO' rotundo de los principales partidos de la oposición, PP y Vox, así como el de Ciudadanos, a pesar de las continuas ofertas de Inés Arrimadas al Presidente del Gobierno.
El presidente socialista cuenta, de momento, con el sí de sus diputados, así como con los votos de Podemos, y las principales fuerzas nacionalistas vascas y catalanas.
Un apoyo de los nacionalistas que ha sido muy criticado tanto por los partidos de la oposición como por la ciudadanía, ya que han llegado tras algunas 'concesiones' muy polémicas del Ejecutivo socialcomunista, como el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco o la armonización fiscal de los impuestos, exigida por ERC.
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En concreto, los independentistas catalanes de ERC y PDeCAT han conseguido doce 'contrapartidas' desde el Gobierno de España 'a cambio' del voto favorable a los PGE.
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Uno de los puntos más polémicos ha sido la aprobación de la armonización fiscal de los impuestos cedidos a las autonomías, y exigida por ERC en contra de la Comunidad de Madrid.
En este campo, también se ha cedido la creación de un grupo especializado que estudie la formalización de un nuevo impuesto, que afectará a las "grandes fortunas".
Económicamente, también se ha aprobado que, a partir de ahora, sea la Generalitat de Cataluña la que gestione los más de 25.000 millones de euros de las pensiones catalanas, destinadas a 1,7 millones de pensionistas en la región.
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La financiación de Cercanías, valorada en cerca de 240 millones de euros, hasta ahora bajo el mando del Ministerio de Hacienda, también pasará directamente al Govern catalán.
El Gobierno español dejará de controlar las cuentas de la Generalitat de Cataluña; eso sí, también se han aprobado más de 2.330 millones de euros para inversiones y tranferencias del Estado para Cataluña, que gozará de estas inversiones a su voluntad.
Así mismo, el Gobierno catalán controlará la gestión del 54% de los recursos procedentes de la Unión Europea que correspondan a Cataluña.
También será concedida a los independentistas del Govern la gestión del ingreso mínimo vital, así como la moratoria en el pago de las cotizaciones de los autónomos, ampliada hasta marzo de 2021.
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A nivel educativo, se ha concedido la liquidación del Ministerio de Educación de la deuda existente en materia de becas y ayudas; también el blindaje del catalán como lengua vehicular, y la aprobación de una nueva fórmula jurídica que permita la contratación de más de 5.000 profesores de la Universidad Abierta de Cataluña en condiciones similares a las de los asociados de las universidades públicas.
Así mismo, se aprobarán más de 40 proyectos concretos para entidades de toda Cataluña en los ámbitos culturales, sociales o de infraestructura pública.