La misteriosa desaparición del pastor José María Grimaldos Lopéz (alias ‘El Cepa’) el 21 de agosto de 1910 en la España profunda, originó uno de los casos judiciales más inverosímiles y estudiados de la historia del Derecho.
La olvidada provincia de Cuenca fue testigo de la injusta acusación y posterior juicio sumarísimo contra dos hombres inocentes por un asesinato que jamás existió.
Extraña desaparición
A principios del siglo XX, las modestas gentes rurales de la provincia de Cuenca (España) se dedicaban a sus quehaceres diarios ajenos a las noticias procedentes del exterior. No obstante, un evento de proporciones nefastas iba a impactar de lleno en sus cotidianas vidas. El 21 de agosto de 1910, entre los pueblos conquenses de Tresjuncos y Osa de la Vega, el pastor José María Grimaldos Lopéz (conocido popularmente como ‘El Cepa’) desapareció sin dejar rastro tras vender unas ovejas.
A pesar de la falta de pruebas, sus compañeros León Sánchez Gascón y Gregorio Valero Contreras fueron acusados abiertamente de su desaparición por la familia de ‘El Cepa’. Según la opinión de la familia, todo fue orquestado bajo el pretexto de quedarse con el dinero del malogrado pastor. Muchos años de envidias y rencores habían alimentado estas falsas acusaciones.
El caso se archivó en 1911 hasta su reapertura por el juzgado de Belmonte (Cuenca) dos años después por insistencia de los familiares de ‘El Cepa’. El nuevo juez encargado del caso, Emilio de Isasa Echenique, ordenó el arresto de León y Gregorio fuertemente instigado por el cura de Tresjuncos Pedro Rufo Martínez Enciso y el cacique local. Los dos humildes pueblerinos no podían imaginarse la que les había caído encima.
La reapertura del caso trajo funestas consecuencias para estos dos pobres desdichados. Tanto León como Gregorio fueron interrogados y brutalmente torturados por agentes de la Guardia Civil con el fin de arrancarles la confesión del asesinato de Grimaldos. Las crueles prácticas llevadas a cabo contra ellos fueron de tal dureza y sadismo que terminaron por confesar el crimen a pesar de su inocencia. Con tal de acabar con su brutal suplicio, se inventaron múltiples versiones de los hechos acusándose el uno al otro.
Una de las versiones más inverosímiles proclamaba que habían descuartizado el cuerpo de Grimaldos para posteriormente deshacerse de él dándoselo de comer a los cerdos. No obstante, a pesar de que hoy en día nos parezcan totalmente inadmisibles, las torturas eran algo bastante común en la época. Pese a toda esta locura, en el acta figuraba una nota marginal de forma muy reveladora: ‘No ha podido ser identificado el cadáver por no haber sido hallado’.
Posteriormente, en 1918 los dos acusados acabaron juzgados de forma sumarísima por un jurado popular de la época. Tan sólo media hora de deliberación fue suficiente para proclamar el veredicto final. En total, a ambos acusados se les condenó a permanecer 18 años en prisión por un crimen que nunca habían cometido.
Tras dos decretos de indulto y después de pasar 12 años y dos meses entre rejas, adquirieron la libertad condicional. Dentro de esta trágica historia, hubo además otras víctimas colaterales. En una región donde los lazos entre vecinos solían ser muy sólidos, las familias de los acusados tuvieron su particular calvario al ser parientes cercanos de supuestos asesinos sin piedad.
Aparece el ‘muerto’
Tras el juicio por el asesinato de Grimaldos todo parecía transcurrir con aparente normalidad. No obstante, la situación iba a cambiar abruptamente de la noche a la mañana. En 1925 el cura Pedro Rufo Martínez Enciso recibió una carta inesperada de su compañero de profesión el párroco del pueblo de Mira, situado en el otro extremo de la provincia. En dicha misiva, le solicitaba la partida bautismal de José María Grimaldos. Resultó que el muerto estaba bastante vivo y que además quería casarse. Nada más y nada menos.
Al recibir esta noticia, el párroco Pedro Rufo trató de ocultar la oscura verdad durante meses para no verse sometido a escarnio público debido a sus malas acciones. No le sirvió de mucho. Por desgracia para el cura, el propio Grimaldos se presentó en persona en Tresjuncos para saber por qué no aparecía la dichosa partida bautismal. Como no podía ser de otra forma, este hecho tan singular originó un escándalo de proporciones bíblicas en esta olvidada región de la España más profunda.
No obstante, a pesar del revuelo que se generó por su repentina ‘resurrección’ , por lo visto el bueno de ‘El Cepa’ no se había enterado de nada. Una vez interrogado por la Guardia Civil, alegó que se marchó del pueblo sin decirle nada a nadie tras obtener el dinero por la venta de unas ovejas. Supuestamente se había marchado para tomar unos baños medicinales en una localidad cercana para después no regresar. Nunca pudo imaginarse las horribles consecuencias que tuvieron tales acciones.
Tras conocerse la espantosa realidad, el padre Pedro Rufo decidió poner punto y final a su vida ahogándose en una cuba de vino. No fuera a ser que emprendieran medidas cautelares contra él. Por otro lado, el otro gran antagonista de esta historia, el juez Isasa, murió por una angina de pecho según declaraciones de su familia.
Los principales responsables del injusto enjuiciamiento habían fallecido sin pasar por el juzgado. Los dos acusados, León y Gregorio, al ver lo ocurrido con sus familias emigraron a Madrid lejos del lugar de los hechos. En la capital se les dispensó trabajo y pensión por los daños ocasionados.
Repercusiones: modificación del Código penal
Como no podía ser de otra manera, el error judicial levantó una gran controversia en la época. El sonado caso de Grimaldos tuvo su eco en la prensa opositora a la dictadura de Primo de Rivera. Las cuestionables prácticas llevadas a cabo por las altas instancias del poder habían quedado al descubierto. El ministro de Gracia y Justicia, Galo Ponte Escartín, decidió enviar el caso al Tribunal Supremo para su posterior revisión y revocación.
El Tribunal Supremo determinó que las confesiones de León y Gregorio habían sido arrancadas por medio de la utilización de una violencia inusitada de forma continuada. En virtud de estas apreciaciones, se declaraba como nula la anterior sentencia de la audiencia de Cuenca a fecha del 10 de julio de 1926. Por otro lado, el 17 de mayo de 1935 se emprendieron acciones contra aquellos responsables del error judicial. El fiscal solicitó 8 años de prisión y una multa de 25.000 pesetas de la época. No obstante, todos los implicados quedaron absueltos.
Sin embargo, una nueva reforma acaeció en 2015 como consecuencia del sangrante caso del asesinato de Marta del Castillo del 2009. Como consecuencia de este caso, la aparición del cuerpo dejó de ser una condición indispensable para la acusación.
Continúa la polémica: censura
Décadas más tarde, la cineasta Pilar Miró decidió llevar el ‘crimen de Cuenca’ a la gran pantalla en 1979 con guión de Lola Salvador. No obstante, dicha película fue censurada por el gobierno de Adolfo Suárez siendo la única en ser prohibida ya instaurada la democracia en España.
Parece ser que el ministro de Cultura de aquel entonces, Ricardo de la Cierva, no acogió la cinta con agrado. Con una democracia todavía en ciernes no convenía levantar ampollas entre el estamento militar. El 31 de enero de 1980, la película fue retirada en virtud del artículo 317 del Código de Justicia Militar y el artículo 816 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La propia Pilar Miró fue víctima de un proceso militar que fue finalmente sobreseído. A pesar de todas las dificultades encontradas durante su trayectoria, ‘el crimen de Cuenca’ pudo estrenarse con éxito en agosto de 1981 causando un gran impacto en la sociedad española del momento.