Carles Puigdemont sorprendía esta semana con la creación de una nueva formación política, al margen de Junts per Catalunya, que presumiblemente irá a las elecciones autonómicas catalanas.
Un partido que no cuenta con cuotas mediáticas ni subvenciones públicas, por lo que será financiado, al menos de momento, por las donaciones que se reciban en el Consejo para la República, también creado por el fugado a Waterloo.
Sin embargo, este fondo independentista, creado por Puigdemont hace cerca de dos años, no ha conseguido alcanzar el millón de inscritos que calculó el fugado, estancándose en, aproximadamente, 88.000 inscritos.
A diez euros por persona registrada, el Consell no consigue financiación suficiente para los planes de Carles Puigdemont, quien ya ha ideado otro sistema de financiación.... a través del IRPF español.
"Objeción fiscal"
Tal y como ha podido saber El Español, la Agencia Tributaria ha descubierto que ciudadanos independentistas están destinando sus ayudas por desempleo, abonadas por el Gobierno de España, a financiar el proyecto independentista.
Así pues, alegando 'objeción fiscal' en la declaración de la renta, para no contribuir a los gastos de la Familia Real o los cuerpos policiales, estos individuos derivan determinadas cantidades al Consell de Puigdemont, con el pretexto de contribuir al "Fondo Republicano de Acción Solidaria" creado por el Consejo para la República ante el Covid-19.
Cantidades individuales que oscilan entre los 10 y los 300 euros, pero que Hacienda ha querido recordar que son transferencias completamente ilegales, ya que los contribuyentes no pueden reasignar partidas presupuestarias a su voluntad. (Puigdemont vuelve a Perpiñán este domingo con un plan para su patético Consell per la República)
Ante esta nueva 'treta' del independentismo, la Administración pública está enviando ya declaraciones paralelas a estos 'objetores fiscales'.