Cada vez que se tiene constancia de que alguno de los líderes independentistas catalanes fugitivo de la Justicia española se desplazan por Europa, surge la misma pregunta: ¿Serán arrestados?
Se rumoreaba con dicha posibilidad el pasado mes de julio cuando los fugados Puigdemont y Comín renunciaban a regresar a España, donde sigue vigente una orden de detención nacional contra ellos, para coger su acta como parlamentarios europeos.
Y se reactiva, ahora, cuando se difunde que la dirigente de ERC Marta Rovira -fugada de la Justicia, en Suiza, desde hace año y medio cuando viajó de noche hasta Ginebra horas antes de tener que presentarse ante el Tribunal Supremo- asistirá, este viernes, a las protestas en contra de la cumbre del G-7 en la localidad francesa de Biarritz.
Pero para ello es necesario que se emita una Euroorden que el Supremo no baraja reactivar, como mínimo, hasta que la Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva la cuestión prejudicial expuesta ante la misma por la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, sobre la condición parlamentaria de Oriol Junqueras.
No habrá nueva intervención por parte de ningún tribunal regional
Todas las determinaciones dictadas por Estrasburgo han sido favorables a la postura del Supremo sobre la inmunidad de los eurodiputados fugados y cómo la atribución de la misma depende, únicamente, de la legislación española.
No obstante, el Supremo se asegurará de que llegado el caso de decretar la detención de los fugados elegidos parlamentarios europeos en los últimos comicios del 26-M, ésta no sufriría una nueva intervención por parte de ningún tribunal regional, como ya sucedió en el caso alemán de Schleswig-Holstein.
Razón por la que esperará a la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al que, de manera indirecta y en el marco de dicha cuestión prejudicial podría pronunciarse en relación a esto.