Un hombre ha sido detenido en Lleida por la Guàrdia Urbana acusado de poner en peligro el buen funcionamiento de los servicios de emergencias. A pesar de que ha quedado en libertad, se enfrenta a una multa de entre 600 y 30.000 euros, según la gravedad de la disrupción que establezca el juez tomando en cuenta todos los eventos acontecidos en este extraño caso.
Todo se inició cuando el hombre acusado sintió y creyó que habían entrado a su casa y que estaba produciéndose un robo en su domicilio. Después de haber dado la voz de alarma a los servicios de emergencias, el hombre comenzó a impacientarse y sintió que su vida estaba en peligro. Ante la lentitud de los servicios de emergencias en llegar a su domicilio, el acusado no tuvo otra idea mejor que salir al balcón gritando que había asesinado a su mujer.
Las voces y la confesión de este presunto crimen alertaron a varios vecinos, que alarmados llamaron a Emergencias, temerosos de que se hubiera podido cometer un nuevo acto de violencia de género con consecuencias fatales. Esta vez, las emergencias se movilizaron con mayor rapidez, desplazando hasta cuatro patrulleros de la Guàrdia Urbana y dos dotaciones médicas destinadas a intentar reanimar a la presunta mujer asesinada en caso de que todavía se pudiera luchar por su vida.
Sin embargo, cuando los agentes entraron en el domicilio, se percataron de que todo había sido un engaño. Un posterior interrogatorio del hombre, todavía en su hogar, descubrió el verdadero motivo por el que había hecho tan temeraria declaración: sentía que le estaban robando y las autoridades policiales tardaban demasiado en atender su caso. En ese momento, la Guàrdia Urbana inspeccionó concienzudamente el piso, esperando encontrar algún indicio de que, efectivamente, se había producido o se estaba produciendo un robo.
Sin embargo, al no hallar pruebas que sostuvieran la versión del hombre, los agentes le entregaron una notificación en la que se tipificaba el delito que había cometido: disrupción del buen funcionamiento de las fuerzas de emergencias de España, lo que supone, en ciertos casos, un delito grave y que puede acarrear penas y consecuencias legales más que duras.
De hecho, el alcance del castigo para este hombre que mintió por partida doble a las autoridades policiales se enfrenta a una multa que puede ser de lo más dañina para su bolsillo, puesto que la cuantía de la multa a la que se enfrenta está oscilando entre los 600 y los 30.000 euros, un importe que sin duda podría ser más que problemático en los tiempos que corren y que hará que se le borren las ganas de volver a utilizar de manera indebida un servicio que está para proteger y ayudar a los ciudadanos españoles siempre y cuando es necesario.
El delito cometido por el acusado es una clara vulneración de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, infringiendo el artículo 36.5, que señala que "serán motivo de sanción todas las acciones y omisiones que impidan u obstaculicen el funcionamiento de los servicios de emergencia" y que supongan un riesgo para las vidas de los propios prestadores de este servicio de emergencias y quienes lo necesiten de verdad.