Sánchez, ya basta, ¿no? Esta es la pregunta que me sale desde la resignación al ver que desde La Moncloa siguen con las cesiones al independentismo catalán. En esta ocasión, una vez más volvemos a hablar de una nueva reforma que favorecen los intereses de los enemigos de la nación. De este modo, han pactado un cambio en el articulado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permitirá a los imputados por un delito político mantener su escaño hasta que la sentencia sea firme. Esto podría haber protegido a los golpistas del referéndum del 1-O e incluso a los cobardes como Puigdemont que huyeron de la justica.
Oriol Junqueras, líder de ERC, siempre ha manejado al presidente del Gobierno a su antojo y como ha querido. Sabe muy bien que depende de su apoyo si quiere seguir en La Moncloa y por ello lo chantajea claramente, buscando así conseguir todas sus pretensiones.
El Gobierno del PSOE se ha mostrado abierto a acometer una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para rebajar el alcance del artículo que permitió al Parlament y al Congreso quitar sus actas de diputados a varios líderes del separatismo mientras estaban procesados por el referéndum ilegal.
Desgraciadamente para los intereses de España, todo hace indicar que los intereses de Pedro Sánchez van más allá de la abolición del delito de sedición y de haber pactado con ERC una rebaja de penas para el delito de malversación. Parece que lo que busca es retocar a la baja el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿Qué refleja este delito? Pues bien, estipula que si es "firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión".
Este artículo se llevó a cabo ya en nuestro país para dejar sin sus actas de diputados en el Parlament a Raül Romeva, Oriol Junqueras, Josep Rull y Jordi Turull i Negre y al cabo de un año la Mesa del Congreso lo utilizó para suspender de su condición de diputados a los tres últimos y también a Jordi Sánchez. Asimismo, ha servido para suspender del cargo público a otros representantes independentistas.
Según asegura EuropaPress, el PDeCAT ha solicitado al Gobierno la abolición de este artículo a través de enmiendas a dos leyes. Lo hizo el pasado mes de noviembre al enmendar la Ley Orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de la Justicia y lo volvió a hacer la semana pasada durante la tramitación de la reforma del Código Penal que, como ya sabéis, supuso el fin del delito de sedición y la reducció de la malversación.
La oferta del PSOE al PDeCAT
Bien es cierto que los socialistas no aceptaron esta reforma durante el debate de enmiendas de la reforma penal. Sin embargo, sí hicieron una oferta al PDeCAT a la hora de tramitar la ley de eficiencia procesal, que aún se discute en la Comisión de Justicia del Congreso.
¿Qué es lo que ofrece el PSOE? Pues bien, los socialistas han planteado una enmienda que ponga límites al artículo 384 bis de la LeCrim. Esto supondría que la suspensión del cargo público solo se produzca en los casos en los que el delito sea "grave o muy grave" y esté entre la "violencia o intimidación".
De este modo, la formación de Ferraz pretende que tan solo cuando se den estos casos, se podrá acordar la suspensión de cargo u oficio público, concretando su alcance.