El movimiento independentista catalán atraviesa, sin duda, uno de los peores momentos de su historia. Y es que el 2022 comienza con un claro desgaste del secesionismo catalán, que cada vez cuenta con menos apoyo social y, por ende, con menos músculo político.
Una falta de fuerza independentista provocada, no sólo por la pandemia del coronavirus, sino principalmente por las constantes mentiras promulgadas por los principales líderes independentistas, que han demostrado trabajar únicamente según sus propios intereses, y no por el bien de la ciudadanía catalana.
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Crisis ideológica, política y social que, sin embargo, no es la principal preocupación de Laura Borràs, a pesar de que sobre ella pesa gran parte del liderazgo de JxCat desde la huída de Carles Puigdemont a Waterloo.
Y es que la independentista y presidenta del Parlament no sólo tendrá que enfrentarse en este 2022 al declive evidente de su partido, sino a las múltiples acusaciones judiciales que pesan sobre ella en los tribunales, y a complicadas decisiones políticas que podrían acabar con su papel dentro de la Cámara catalana.
Un 2022 complicado para Borràs
Así pues, actualmente la presidenta del Parlament está muy pendiente de la investigación que está llevando a cabo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre su presunto troceo de contratos públicos a favor de su amigo Isaías H.F., durante su etapa como presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
Una fragmentación ilegal de contratos que habría permitido a Borràs adjudicar a su amigo contratos por más de 250.000 euros entre 2013 y 2017 a través de contratos 'menores' a dedo, pudiendo haber cometido la independentista delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental y fraude a la administración.
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Del mismo modo, sobre Borràs podría caer un nuevo delito que podría suponer un nuevo proceso penal contra ella; en este caso, por llevar a cabo acciones parecidas a las llevadas a cabo por el diputado de la CUP Pau Juvillà, condenado a inhabilitación después de negarse a retirar la simbología independentista del Ayuntamiento de Lérida.
Otro hombre, en este caso, el fugado Lluís Puig, también podría suponer un problema judicial para Borràs en 2022: y es que el voto del fugado, en busca y captura en España, fue aceptado a trámite en el Parlament que dirige Borràs, estando ahora mismo la cuestión en la mesa del Tribunal Constitucional, después de un recurso de amparo presentado por el PSC.