Los indultos a los independentistas, aprobados por el Gobierno de España, supusieron un duro golpe para el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, que enviaron al Ejecutivo socialista sus informes desfavorables a la medida de gracia a los independentistas, y avalaban las condenas a los lideres del procés,
Sin embargo, la concesión de esta medida de gracia no exime a los excarcelados secesionistas de sus responsabilidades económicas de cara a la malversación de fondos públicos durante su mandato, que el Tribunal de Cuentas ha valorado en más de cinco millones de euros, y que ha vuelto a poner en pie de guerra a los secesionistas catalanes.
Una cuestión económica que ha vuelto a poner al poder ejecutivo contra la espada y la pared, llegando algunos de los ministros del Gobierno de España a desacreditar públicamente la decisión del Tribunal de Cuentas sobre las deudas que ahora pesan sobre los excarcelados.
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Cuestionamiento que no ha gustado en el órgano fiscalizador, que ha decidido mantenerse firme ante su decisión, y ha lanzado un claro mensaje al Gobierno y a los independentistas, en respuesta a las presiones que ha recibido en los últimos días.
"Los consejeros y consejeras de Cuentas de la Institución son elegidos por mayorías cualificadas de tres quintos de los plenos del Congreso de los Diputados y el Senado, y son independientes e inamovibles conforme a la Constitución" ha recordado en un comunicado el Tribunal "El personal está integrado por profesionales altamente cualificados que han accedido al Tribunal por los procedimientos de ingreso de la función pública previstos en las leyes".
El Tribunal Supremo defiende las condenas económicas
Coincidiendo con el malestar manifiesto del Tribunal de Cuentas ante las presiones recibidas por los poderes políticos independentistas y nacionales, el Tribunal Supremo rechazaba el recurso del ex presidente de la Generalitat, Artur Mas, y de los ex consejeros Francesc Homs, Joana Ortega y otros cinco ex altos cargos del Govern contra la sentencia del Tribunal de Cuentas.
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Así pues, no sólo se ratifica desde el Alto Tribunal la condena económica a los independentistas de la consulta del 9-N, sino que también se suma a la nueva reclamación realizada por el Tribunal de Cuentas a Mas, de 2,8 millones de euros, por fondos desviados para la promoción exterior del procés.
Una resolución del Supremo que avala y ratifica la sentencia del Tribunal de Cuentas cotra los independentistas, asegurando que no se han dado alegaciones "sucifientes" para considerar los recursos presentados, y demostrando el apoyo del alto tribunal al de Cuentas, a pesar de las reticencias y las declaraciones del poder ejecutivo.