El Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional pedirá al Tribunal Supremo que investigue a Pablo Iglesias ante la existencia de indicios que apuntan a que pudo cometer dos delitos.
Se trata de presuntos delitos relacionados con el manejo de datos personales de una de sus colaboradoras. De esta forma, la pieza del caso Villarejo sobre el vicepresidente segundo del Gobierno se ha vuelto en su contra. (¿Se está comiendo Pablo Iglesias a Pedro Sánchez? ¡¡Mucha tensión en el Gobierno!!)
El magistrado Manuel García-Castellón le ha retirado a Pablo Iglesias su condición de víctima del comisario y todo indica que le investigarán por revelación de secretos y daños informáticos.
En esta línea, Manuel García Castellón ha pedido a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional "que esclarezca los envíos a terceras personas y alteraciones físicas a las que pudo ser sometida" una tarjeta telefónica que le robaron a Dina Bousselham, de Unidas Podemos.
Dicha tarjeta fue entregada a Pablo Iglesias en el año 2016 pero el líder de Unidas Podemos no se la dio a su propietaria hasta pasados varios meses, según El Confidencial.
El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, reconoció en su día que había consultado el contenido de la tarjeta de Dina Bousselham y la justicia está convencida de que el contenido de dicho dispositivo fue copiado varias veces.
Al ser aforado, la competencia para investigar al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias corresponde a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
El aprieto en el que se encuentra Pablo Iglesias tuvo su origen en el año 2017, cuando los responsables de la investigación sobre el comisario Villarejo encontraron en la vivienda del policía un soporte de memoria con información obtenida a partir de un teléfono móvil de la empleada de Unidas Podemos. (“Pablo Iglesias es un mal ejemplo para los españoles”)
Lo que guardaba la tarjeta
La tarjeta, que le robaron a Dina en el Ikea de Alcorcón según el relato de su marido, contenía información de índole personal y fotografías comprometedoras. También había abundante documentación sobre el funcionamiento ordinario de Podemos y conversaciones privadas con otros dirigentes del partido. Parte de los datos afectaba directamente a Pablo Iglesias, que consideró el presunto robo como una estrategia para dañarle. El líder de la formación morada aclaró ante el juez que la tarjeta se la entregó Antonio Asensio, el presidente del Grupo Zeta.
El auto dictado por el juez desvela "contradicciones" incompatibles con su supuesta posición de damnificado en este caso. Pablo Iglesias habría ocultado la tarjeta entre 5 y 36 meses supuestamente. Además, cuando Dina recuperó la tarjeta SIM, estaba inutilizada.