La Sección Segunda de la Sala del contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado el impuesto catalán a las bebidas azucaradas envasadas.
Según ha informado este jueves, lo ha decidido tras estimar el recurso interpuesto por varias asociaciones de distribución, cadenas de supermercados, comercios y restauración contra el reglamento aprobado por la Generalitat. (¡¡La 'marioneta' Torra ni se enteró del pacto entre Mas y Puigdemont en Waterloo!!).
La sala considera que el Govern ha prescindido "de trámites esenciales de consulta, audiencia e información públicas" para la aprobación del decreto, por lo que lo declara nulo de pleno derecho.
El recurso contra la Conselleria de Vicepresidencia y Economía lo han interpuesto la Asociación Nacional de grandes empresas de distribución (Anged), la Asociación de cadenas españolas de supermercados (Aces), la Asociación española de distribuidores de autoservicios y supermercados (Asedas), y la Federación española de industrias de la alimentación y bebidas (Fiab), entre otras.
La Generalitat se saltó todos los límites legales
Estas alegaban que había falta de justificación y precipitación en la tramitación del reglamento del impuesto, ya que requería acreditar "su proporcionalidad y carácter no discriminatorio", la falta de participación ciudadana y de consulta pública, y que podía haber también vulneración de límites de las competencias tributarias de las autonomías. La Generalitat respondió que el decreto 73/2017 había sido correctamente tramitado, ajustado a derecho y que no vulneraba ninguna norma legal ni reglamentaria, además de no existir arbitrariedad ni desviación de poder.
Finalmente, el alto tribunal catalán considera que "se ha prescindido de los trámites de consulta, audiencia e información pública que aparecen expresamente exigidos en la tramitación”. Añade que la motivación alegada por la Generalitat para no cumplimentar dichos trámites "se aparta de forma evidente de las causas que la propia ley establece para poder prescindir" de ellos.
Por este motivo estima el recurso y anula el impuesto sin entrar a examinar los otros argumentos que presentaba el recurrente. (Laura Borràs se las verá con el Supremo por sus (presuntos) chanchullos al frente de la ILC).
El impuesto fue aprobado el pasado año 2017
El Govern aprobó el 20 de junio de 2017 en el Consell Executiu el reglamento del impuesto, tributo que grava el consumo de determinados productos líquidos por los efectos que tienen en la salud de la población. En esta lista de bebidas que incrementaban su precio estaban los refrescos, sodas, zumos de frutas, bebidas deportivas y café, entre otras. La norma preveía dos tipos de gravámenes, según el contenido de azúcar por litro de bebida: 0,08 euros por litro con cinco u ocho gramos de azúcar por 100 mililitros, y de 0,12 euros por litro para aquellas que contengan más de ocho gramos por 100 mililitros.
Pere Aragonès le echa un pulso a la justicia
El vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía, Pere Aragonès, ha afirmado que el impuesto"se tendrá que pagar" pese a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Lo ha dicho en declaraciones a los medios desde los pasillos del Parlament, después de que este tribunal haya decidido anularlo tras estimar un recurso en contra del tributo.
Aragonès ha asegurado que "lo que ha anulado la sentencia es el reglamento que desarrolla los aspectos técnicos y de gestión" del impuesto, por lo que entiende que el tributo en sí mismo sigue en vigor y exigirá que se siga abonando. "El impuesto no está anulado. Lo que ha anulado la sentencia es el reglamento. La ley del impuesto sigue vigente y el impuesto se tendrá que pagar", ha insistido el vicepresidente de la Generalitat y responsable de las finanzas públicas catalanas.
Aragonès ha explicado que la Generalitat está estudiando cómo reaccionar al fallo: entre las opciones, presentar recurso o presentar un nuevo reglamento introduciendo algunas modificaciones respecto al inicial. El vicepresidente ha argumentado que el impuesto se seguirá pagando y no se devolverá lo abonado hasta la fecha y ha concluido que, en el peor de los casos, la Generalitat devolverá lo que ha recaudado "para automáticamente volverlo a cobrar".