Este pasado jueves, el TJUE falló a favor de Oriol Junqueras, líder de ERC en prisión, otorgándole así el acta de eurodiputado, y por tanto, la inmunidad que conlleva el cargo.
Sin embargo, Junqueras se encuentra actualmente en la cárcel, tras haber sido condenado a 13 años de cárcel e inhabilitación por delitos de sedición y malversación agravada.
A pesar de que la Fiscalía del Tribunal Supremo pedirá al mismo que envíe a Europa la petición para denegar esta inmunidad, lo cierto es que ha habido muchos errores judiciales a la hora de plantear esta cuestión independentista en el ámbito internacional, los cuales han provocado que la justicia europea acabe dándole un varapalo a la española.
Peor no se ha podido hacer
Lo cierto es que, en un primer lugar, se ha producido una incoherencia por parte de los legisladores españoles (los políticos) al permitir que los procesados independentistas se convirtieran en candidatos, lo que de negarse en un principio, habría evitado que ahora se tenga que negar que hayan resultado elegidos.
En este sentido, tampoco se debería haber permitido, por parte del Supremo y Constitucional, que Puigdemont y sus amigos se presentaran a las elecciones europeas, ya que no disponía de domicilio en España. (¡¡Hipócrita!! Esto es lo que decía Puigemont sobre la UE hasta hace dos días)
Existiendo jurisprudencia europea en el sentido de que hay que aplicar la ley nacional, los jueces del Supremo podían no haber planteado la cuestión prejudicial al TJUE sobre el estatuto de Junqueras, por lo que la sentencia del Tribunal europeo no se habría producido. También habría bastado si los jueces del Supremo hubieran retirado la cuestión prejudicial en la sentencia firme contra Junqueras.
Tampoco se entiende desde Europa que Moncloa haya concedido a Junqueras, en prisión, la máxima interlocución para formar gobierno. Desconcierta a la justicia europea que a un condenado se le otorgue legitimidad política para negociar una investidura.
Ahora, los jueces del TJUE han modificado su jurisprudencia, por lo que cambiará las leyes electorales de los Estados miembros, en detrimento de la ley nacional existente.