El panorama catalán no puede ser más deprimente. La Generalitat contrata a 359 personas para que se encarguen de cobrar las multas que ha generado el Covid-19.
Al final resulta que las multas son necesarias para poder pagar a los amigos y amiguetes contratados para dedicarse a cobrarlas. Es la pescadilla que se muerde la cola y el gran chollo de los vividores del Procés.
El 67 % de los catalanes le da la espalda al Procés: “Ha perjudicado a la economía”
Cataluña, como en España, sufre en sus carnes las consecuencias de una pandemia que arruina la salud y la economía de sus ciudadanos. Pero hasta al Covid-19 sabe este Govern sacarle partido. Cuantas más multas, mejor. Así da para justificar la contratación de más personal y reducir las cifras del paro catalán.
Hay que cobrar 170.000 multas
El Departanento de Interior ha contratado a 33 abogados y 28 administrativos para garantizar el cobro de las 170.000 multas impuestas en Cataluña durante el estado de alarma de la primera ola del coronavirus.
Por su parte, el Departamento de Salud ha creado 298 puestos de trabajo para asegurarse de que los ciudadanos catalanes paguen religiosamente las multas que les han impuesto por incumplir la normativa del Covid-19.
En Cataluña no se gastan el dinero en construir hospitales que velen por la salud de sus ciudadanos, como en Madrid. En Cataluña lo importante es poner multas... y cobrarlas. Cueste lo que cueste, aunque para ello haya que inventar 359 nuevos puestos de trabajo con la absurda finalidad de escañar a la población.
Luego dirán que "España les roba". El negocio del Procés funciona así. A los amigos hay que cuidarlos con el dinero de los demás.