La Generalitat da de comer a 137 abogados inútiles que no conocen las leyes

  • Cataluña
  • 21-01-2021 | 08:01
  • Escribe: Gonzalo Palacios

El fallo del TSJC rechazando el aplazamiento de las elecciones catalanas cuestiona el coste que le supone a la Generalitat su nómina de abogados




El Govern de la Generalitat tiene en nómina a un completo equipo de 137 abogados al servicio de su gabinete jurídico para interpretar las leyes de la manera más conveniente. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) invalidando el decreto de la Generalitat para aplazar las elecciones autonómicas pone en tela de juicio el gasto del Govern en abogados para actuar conforme a la ley.

137 abogados inútiles

Si de por sí ya es humillante que la Justicia deba anular una decisión del Govern de la Generalitat por inapropiada, más lo es todavía que que el Govern invierta dinero público en un equipo de 137 abogados cuya función resulta inútil y condena a quien le paga al fracaso.



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La cuestión es que los 137 abogados no han sido capaces de blindar jurídicamente el decreto por el que se aplazaban las elecciones catalanas. La Generalitat anuncia ahora alegaciones, pero el fracaso de su gestión jurídica, una vez más, no lo borra nadie.



"Tendría que dimitir alguien"

Hasta Josep Costa, un hombre fuerte de JxCat y vicepresidente del Parlament, ha salido públicamente a pedir dimisiones: "Tendría que dimitir alguien", ha dicho en su cuenta de twitter. Costa tira con bala apuntando a ERC, de quien depende la Conselleria de Justicia, pero el gabinete jurídico de la Generalitat depende de Presidencia, cuyo titular es la consellera Meritxell Budó, también de JxCat.

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La Generalitat decidió aplazar las elecciones al 30 de mayo, pero el TSJC ha invalidado el decreto fijándolas para la fecha inicialmente establecida, el 14 de febrero. Y al Govern no le queda más respuesta que el pataleo.

Y dentro del pataleo y de su habitual estrategia de "distracción", desde el Govern lanzan duras acusaciones contra la acción de la justicia española. Laura Borràs habla de "injerencias" y de la "represión y de la judicialización de la política catalana de estos últimos 3 años".



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Y la propia Meritxell Budó tira pelotas fuera:  “la única inseguridad jurídica que se crea es la que ha creado el TSJC con su decisión”. Lo de siempre. ¡Qué mala es España y sus poderes!

Budó ha añadido: "Hasta el jueves confío que el TSJC valore todos los criterios que todavía hoy no se han valorado, porque no se ha entrado en el contenido del decreto. Es una medida instrumental lo que hoy ha tomado el TSJC y, por tanto, aún no ha entrado en el contenido del decreto. Toda la documentación jurídica que acompaña a este decreto es la que deberá valorar el TSJC. Vamos a esperar la decisión definitiva del TSJC y entonces hablaremos". Sí, ya hablaremos.

 

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