La exconsejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña, Meritxell Serret, que se fugó a Bélgica con Carles Puigdemont tras el golpe de estado del 1-O, ha sido la primera de los prófugos que ha aceptado volver a España para prestar declaración ante la Justicia y acatar su decisión. Hoy ha declarado ante el juez Llarena, ha negado que en su comportamiento hubiera malversación y ha aceptado que sí hubo desobediencia.
Serret, harta de su condición de prófuga de la justicia, decidió volver a España el pasado once de marzo, tres años y medio después de su fuga. Todo este tiempo lo ha pasado conspirando con Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsati. De todos ellos, ella era la única sobre la que no pesaba una orden europea de detención y entrega. Y harta de interpretar el papel de "florero" en Bélgica a la sombra de Puigdemont, ha optado por volver a casa dejándose de jueguecitos políticos consciente de que la sentencia del procés sólo permite condenarla por desobediencia.
Y sobre esa base ha declarado ante el juez Llarena: admitiendo la desobediencia "obedeciendo el mandato popular" de realizar el referéndum del 1-O y negando la malversación de fondos.
Serret ha declarado por espacio de una hora ante el juez Llarena, un representante de la Fiscalía y la abogada de Vox Marta Castro, que ejerce la acusación popular en esta causa. Y ha abandonado la sala sin que se haya pedido para ella ninguna medida cautelar. Su abogado defensor es Iñigo Iruín, conocido defensor de miembros de ETA.
Meritxell Serret ha hecho su entrada en la sala ante los aplausos de un grupo de políticos de ERC, entre los que estaba el presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, junto a otros miembros de JxCat y la CUP.
Ha asumido ante el juez los acuerdos que como Gobierno adoptaron "siguiendo ese mandato popular de realizar el referéndum". Sobre la acusación de malversación ha indicado que desde su departamento "nunca se incurrió en ningún gasto que pueda considerarse delictivo".
Insiste en la cansina "represión"
Serret ha vuelto a recurrir al cansino argumento, que ya no convence a nadie, de la represión del Estado. Es tanta la represión, que está en España y nadie la mete en la cárcel, seguramente porque sus delitos no alcanzan el nivel de los de otros, como Puigdemont, que insiste en la represión y no en el peso de la ley sobre quien comete delitos de alto alcance.
Serret se ha negado a responder a las preguntas de la acusación popular asumida por la abogada de Vox Marta Castro. "No ha negado su conocimiento de la ilegalidad de oponerse al mandato del Tribunal Constitucional, que declaró nulos los acuerdos tendentes a declarar la independencia", ha dicho la abogada, que ha añadido que pese a negar los pagos para el 1-O "no ha podido negar que era parte del Gobierno y tenían una actuación conjunta".
Pere Aragonés, que acudió a dar apoyo a Serret, manifestó que los acusados "fueron condenados por haber hecho posible la democracia en Cataluña" y ha suscrito su concepto de "represión contra Cataluña". " "Seguimos denunciando lo que es una venganza contra dirigentes políticos, y frente a esta represión una solución democrática que es una ley de amnistía y ejercicio al derecho de autodeterminación para que sea la población de Cataluña la que decida".