La Fiscalía se rebela por el trato que reciben los presos golpistas de la Generalitat

  • Cataluña
  • 21-02-2020 | 20:02
  • Escribe: Redacción

Critica el ministerio que se utilice el 100.2 como medida general en vez de mantener su carácter excepcional.


La Fiscalía ha presentado un recurso ante el otorgamiento del 100.2 a Jordi Sánchez, que implica el volutariado del preso fuera de Lledoners, facilitándole así el paso al tercer grado penitenciario.

El ministerio público ha amenazado con llevar este requerimiento al Tribunal Supremo, ya que entiende que se está malinterpretando y abusando de este otorgamiento para tener un trato de favor con los independentistas presos, 'fabricando' un "tercer grado encubierto" a los condenados por el procès.


Recuerda la Fiscalía que hay tres grados a la hora de clasificar a un interno, y en ningún caso el punto 100.2 debe ser entendido como un 'paso intermedio' entre ellos, ya que se trata de una medida "excepcional" y debe ser interpretada "restrictivamente", aplicándola únicamente en caso de que el voluntariado sirva como tratamiento al delito cometido.

Trato de favor a los independentistas

En el escrito, el ministerio público constata que,a través de los informes de Lledoners, se entiende que se está aplicando el artículo 100.2 de manera incorrecta.


Así pues, rechaza el otorgamiento de este apartado a Jordi Sánchez, argumentando que el voluntariado que realizará no servirá, en ningún caso, como tratamiento por el delito de sedición, lo que hace perder al 100.2 su identidad, que es mostrar al condenado que "sólo se puede conseguir aquello que se desea utilizando los mecanismos legalmente establecidos". 

Además, ha criticado que la consellera de Justicia, Ester Capella, haya afirmado que todos los presos podrán acogerse al artículo en cuestión, ya que reiteran que se trata de una medida "excepcional" que Capella quiere convertir en una "generalidad". (Los perros y gatos de Perpiñán esperan la llegada de Puigdemont)



Ha anunciado la Fiscalía, así pues, que tendrá que ser el Supremo quién se pronuncie al respecto, y que la resolución podría tener un "efecto suspensivo e impediría la puesta en libertad del condenado". 

 

 

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