La Fiscal general del Estado Dolores Delgado tiene órdenes directas de La Moncloa de “desjudicializar” los casos que afectan a los sediciosos condenados.
Una “desjudicialización” que forma parte del acuerdo de investidura entre el PSOE y los separatistas de ERC. (Vídeo: ¡¡El corte de la Meridiana termina a puñetazo limpio!!)
Rebelión en la Fiscalía
Sin embargo, los fiscales no están por la labor de contentar a los separatistas, sino que pretenden que se haga justicia y que los sediciosos pierdan los constantes privilegios penitenciarios de los que disfrutan en prisión, a diferencia del resto de reos.
Por este motivo, para impartir justicia, un amplio sector de fiscales llevará al Tribunal Supremo los beneficios penitenciarios de los sediciosos, beneficios carentes de justificación jurídica.
De hecho, la Fiscalía ya ha presentado un recurso contra la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario al exconsejero del Interior Joaquim Forn, al que ya se le ha permitido salir de la cárcel entre semana con un permiso de trabajo.
El Ministerio Público está dispuesto a elevar la cuestión al Supremo si la Generalitat mantiene el actual criterio de justificación arbitraria del 100.2, advierten desde la Fiscalía.
Las competencias penitenciarias, en manos de Torra
Cabe recordar que las competencias penitenciarias están transferidas a la Generalitat catalana, en manos del activista y “delincuente” Quim Torra.
Sin embargo, la Fiscalía tiene la potestad de recurrir en aplicación de la ley, como así lo ha hecho.
¿Seguirán gozando de privilegios penitenciarios los golpistas? El Tribunal Supremo tendrá la última palabra.
No tienen derecho a semilibertad
Aunque lo cierto es que la aplicación abusiva y continuada del artículo 100.2 con los sediciosos parece evidente, por lo que deberían perder tales privilegios al tratarse de presos en segundo grado, presos que no tienen capacidad de hacer vida en semilibertad, tal y como señala la Fiscalía en su escrito.