La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha sugerido este miércoles que el Ministerio Fiscal recurrirá el acuerdo del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña en el que se acuerda conceder el tercer grado a los presos del 'procès'.
En una entrevista en Onda Cero, Delgado ha asegurado que la Fiscalía General del Estado irá "en la línea" del Tribunal Supremo, que el pasado 4 de diciembre acordó revocar el tercer grado penitenciario concedido a los 9 condenados por sedición al considerar que se trataba de una medida prematura.
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Con todo, Delgado ha descartado pronunciarse con claridad a este respecto al considerar "imprudente" el adelantarse al "estudio realizado por unos compañeros especializados en vigilancia penitenciaria", que están trabajando para que este caso no tenga "derivadas políticas".
"Con toda la profesionalidad, analizando", ha continuado, explicando que la FGE cuenta con unas "resoluciones" que dan "una vía de interpretación legal". "Es el Tribunal Supremo, ni más ni menos", ha añadido.
La Fiscalía habla de "choteo" respecto a la salida de los presos
Y es que la decisión de las Juntas de Tratamiento de las cárceles de Lledoners, Wad-Ras (Barcelona) y Puig de les Basses (Girona) de proponer de nuevo la clasificación en tercer grado a los nueve condenados por sedición ha causado cierto malestar entre los fiscales que llevaron este asunto en el Tribunal Supremo.
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La decisión de la autoridad penitenciaria catalana es calificada incluso de "choteo" dada la cercanía del auto por el que, con argumentos muy contundentes la Sala presidida por el magistrado Manuel Marchena rechazó el pasado 4 de diciembre dicha reclasificación y otras medidas de semilibertad que venían aplicándose a los condenados.
La respuesta de la Fiscalía tanto en Cataluña como posteriormente ante el tribunal sentenciador, en el caso de que exista apelación, será contraria a la iniciativa de la administración penitenciaria catalana. "Habrá que endurecer el tono de los recursos", adelantan.
La clasificación penitenciaria de cada preso se revisa cada seis meses, y en julio las Juntas de Tratamiento de las prisiones ya propusieron este grado de semilibertad para todos los presos del 1-O. El Tribunal Supremo (TS) lo tumbó en diciembre para los nueve al considerarlo una medida prematura, y la mayoría (excepto Forcadell y Bassa) no llegaron a usar el tercer grado ya que quedó en suspenso tras los recursos que presentó la Fiscalía.
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Coincidían también los autos en que los órganos de la administración penitenciaria no pueden vaciar la respuesta penal proclamada por un Tribunal de justicia, sometiendo su sentencia a una relectura "que disfraza un tratamiento penitenciario privilegiado y, precisamente por ello, improcedente". La reiteración de esta idea -que la Sala ya ha expuesto en anteriores resoluciones- no debería resultar ya necesaria, concluía el Supremo hace tan sólo mes y medio.