La llegada de la vacuna del coronavirus provocaba,por un lado, la alegría de toda la nación española, que comienza a respirar después de un año cargado de malas noticias y restricciones. Pero, por otro,el enfado y la indignación de los partidos de la oposición, que han visto en la colocación de la pegatina del Gobierno de España en el paquete de Pfizer un ejercicio poco ético de propaganda.
Un enfado que se extendía entre las comunidades autónomas al ver cómo el reparto de las dosis de vacuna por cada región no era equitativo ni proporcional al número de habitantes, y por tanto, a las necesidades de cada comunidad autónoma, siendo Madrid, Andalucía y Cataluña las más afectadas por este desigual reparto.
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Un reparto ante el que ahora, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha pedido explicaciones al Ejecutivo, al que ha acusado de "jugar con la falta de transparencia".
"Lo que pedimos es transparencia para conocer el por qué de ese reparto" ha asegurado en una entrevista en Telecinco "Queremos conocer el criterio del reparto de vacunas; no queremos nada más, ni pedimos un extra para Madrid, pero sí que se siga el principio de equidad y conocer esos criterios".
"Es un ejercicio de transparencia que el Gobierno debería hacer" ha señalado el titular de Sanidad madrileño.
Unas palabras que han sido apoyadas por el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que ha prometido lealtad al Gobierno, si éste actúa con total transparencia ante los ciudadanos.
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"El Gobierno debría hacer un ejercicio especial de transparencia para quitar cualquier sombra de duda o de sospecha de los ciudadanos sobre la vacunación. Lo hemos pasado demasiado mal para que la vacunación sea un ejercicio de propaganda y no de transparencia [...] Actuaremos con la máxima lealtad. Nos jugamos todos lo suficiente para no degenerar en controversia o confrontaciones".
Las 'cuentas pendientes' del Gobierno con Transparencia
Esta petición de transparencia no es nueva para el Gobierno de España, que ha tenido que enfrentarse a las criticas de 'opacidad' institucional durante todo el 2020.
Actualmente, son tres los principales requerimientos del Consejo de Transparencia al Ejecutivo de Pedro Sánchez, los cuales deberán ser resueltos con la mayor brevedad posible.
El primero de ellos atañe a la inmigración ilegal de Canarias, ya que las diversas versiones ofrecidas por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, han sido desmentidas con pruebas que señalan que el Ejecutivo está trasladando inmigrantes desde las islas a la Península.
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El segundo, que también atañe al ministro de Interior, ahce referencia al relevo del jefe del servicio de Seguridad Laboral de la Policía Nacional, José Antonio Nieto, por "crear alarma" entre los agentes, a los que dio indicaciones para protegerse del Covid-19, mientras que el Gobierno negaba la incidencia del virus en el país.
Por último, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, aún no ha dado a conocer los nombres de los integrantes del "consejo de expertos" que asesoró a su cartera durante la desescalada, a pesar de que Transparencia dio un plazo máximo de 10 días para conocer estos nombres... hace ahora dos semanas.
"No consta cumplimiento" es, de momento, la única queja que se ha trasladado públicamente desde el Consejo de Transparencia, que sigue acumulando peticiones de información hacia el Gobierno opaco de España.