El Consejo de Ministros ha aprobado, en su reunión extraordinaria de este viernes, la declaración del estado de alarma para restablecer las restricciones a la movilidad en la Comunidad de Madrid que fueron tumbadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) --y que implicaban el confinamiento perimetral de la capital y de otros nueve grandes municipios--.
Así se lo ha comunicado el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la conversación que han mantenido después de que hubiera comenzado ya el Consejo de Ministros extraordinario convocado por el jefe del Ejecutivo a las 12.00 horas para tomar esta decisión, si no recibía antes una respuesta de la Comunidad.
Ayuso responde que no a la petición de Sánchez
En esa conversación, el presidente del Gobierno le ha pedido a la presidenta madrileña que apoyara al Ejecutivo en su decisión de declarar el estado de alarma en Madrid para retomar las medidas denegadas por el TSJM, y su respuesta ha sido no, según las fuentes consultadas.
Asimismo, explican que Ayuso le ha pedido Sánchez más tiempo, pero que el presidente le ha trasladado que "hay que proteger la salud pública ya" y que, por ello, se iba a aprobar el estado de alarma. No obstante, han acordado que en los próximos 15 días los equipos seguirán hablando de los escenarios.
El Gobierno defiende que Sánchez ya atendió la noche del jueves, "por cortesía", la petición de Ayuso de tener algo más de tiempo para decidir, y por ello decidió retrasar la reunión del Consejo de Ministros extraordinaria de las 8.30 hasta las 12.00 horas.
Ayuso llamó tarde
Sin embargo, la presidenta madrileña no ha llamado a Sánchez hasta después de haber comenzado esa reunión en Moncloa, presidida por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en sustitución de Sánchez, que ha decidido mantener su visita a Barcelona junto al Rey, como estaba previsto.
De hecho, estas fuentes explican que la vicepresidenta primera se ha puesto en contacto con Aguado para comunicarle que acababa de arrancar el Consejo de ministros y que la presidenta madrileña todavía no había llamado a Sánchez.
El jefe del Ejecutivo telefoneó este jueves a Ayuso, a su regreso de su viaje a Argelia, para trasladarle que, tras decaer por decisión judicial las medidas dictadas por el Ministerio de Sanidad a través de una orden en el Boletín Oficial del Estado (BOE), no cabía otro escenario que volver a aprobarlas con un nueva cobertura jurídica.
Sánchez avisó a Ayuso de lo que iba a pasar
Para ello, planteó a Ayuso tres posibilidades y, tras solicitar la presidenta madrileña "un poco de tiempo", Sánchez le dio de plazo hasta la mañana de este viernes, hasta las 12.00 horas, para que decidiera si quería ser ella la que tomara la iniciativa, mediante un acuerdo con el Gobierno. En el caso de que la presidenta se negara, le avisó de que sería el Ejecutivo el que decretara el estado de alarma.
En concreto, Sánchez planteó a la presidenta madrileña tres opciones. La primera de ellas, era que la Comunidad de Madrid, "como autoridad competente en materia sanitaria", dictara una Orden al amparo de lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública.
Este artículo establece que, "con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible".
La segunda opción que planteó Sánchez era que fuera Ayuso la que solicitara la declaración del estado de alarma, para que el Gobierno de España conjuntamente con la Comunidad de Madrid lo declarara y ratificara las medidas en cuestión.
Por último, Sánchez avisó de que, si Ayuso no optaba por ninguna de las anteriores, sería el Gobierno "quien declare el estado de alarma, sin necesidad de que se formule previamente una solicitud".
La versión del Gobierno: "La paciencia tiene un límite"
Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha acusado a Isabel Díaz Ayuso de "cruzarse de brazos" y de "no hacer nada" para frenar el avance del coronavirus en su territorio, justificando así la decisión del Gobierno de declarar el estado de alarma en esta comunidad. "La paciencia tiene un límite", ha llegado a decir.
Illa ha recordado que este jueves Díaz Ayuso solicitó más tiempo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para acordar las medidas a aplicar en la Comunidad de Madrid, pero ha lamentado que la mandataria finalmente "ha decidido no hacer nada".
Y eso que, según ha destacado, en la última semana en Madrid han fallecido 63 personas por Covid, actualmente hay un total de 3.361 hospitalizadas y 498 en la UCI "luchando por su vida". "No hay más ciego que el que no quiere ver", ha comentado frente a la negativa de Ayuso de decretar este estado de alarma. "Se ha llegado hasta aquí porque la Comunidad de Madrid no ha actuado", ha remachado.
El ministro ha recalcado que en esta región hay unos niveles de contagio "muy altos", hay transmisión "comunitaria" y "riesgos" de que el sistema sanitario se desborde, y eso que, ha constatado, sin haber llegado el invierno.
Casado denuncia la obsesión de Sánchez contra Madrid
Finalmente, el presidente del PP, Pablo Casado, ha acusado al Gobierno de actuar con "discrecionalidad" al decretar el estado de alarma en Madrid ante la incidencia del Covid-19 en su "obsesión" de "atacar" al Gobierno regional, al que ha respaldado por estar desplegando medidas eficaces.
En rueda de prensa telemática para valorar el acuerdo del Consejo de Ministros, Casado ha censurado al Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez de arremeter contra la Comunidad de Madrid con fines "políticos" con unas medidas "aleatorias" sin criterios científicos.
Además, el líder popular ha acusado a Sánchez de "imponer" unas medidas para cerrar Madrid anuladas ya por la justicia, buscando además presionar al Gobierno regional para que "prevaricara" al aplicar una nueva orden en el mismo sentido de la tumbada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Frente a ello, ha defendido que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y su equipo de Gobierno han actuado con "lealtad" y ha demostrado que sus medidas funcionan dado que el impacto en el sistema sanitario ha caído un 40 por ciento.