La CUP ha hecho público este viernes su programa electoral en el que apuesta por "articular y transformar los Países Catalanes en 10 años" tras los comicios catalanes previstos para el 14 de febrero, y poder alcanzar así la independencia de Cataluña en 2030.
El programa presenta tres ejes vertebradores bajo el lema 'CUP, un nuevo ciclo para ganar': Un plan de rescate social, una propuesta de modelo socialista, feminista y ecologista, y la confrontación democrática para alcanzar la independencia.
En ese apartado, los 'cupaires' defienden que el referéndum, "o cualquier alternativa que permita a los catalanes decidir su futuro, debe ser la piedra angular de una hoja de ruta que contemple la desobediencia civil y la autotutela de los derechos como herramientas para conseguir el cambio político".
Para la formación, el referéndum o la formula que se utilice para "dirimir democráticamente el conflicto, será un pulso político que requerirá movilización, desobediencia y dinámica de colapso", por lo que pide añadir los actos de desobediencia y de las luchas populares dentro de un plan, y acompañar el proceso desde un frente institucional, como el Consell Per la República.
"Confrontación democrática" (?)
En el programa, la CUP insiste en impulsar una ley de amnistía que anule las causas judiciales contra los líderes políticos independentistas encarcelados por el 1-O y de "todas aquellas personas que hayan sido procesadas, juzgadas, detenidas o encarceladas por defender derechos políticos, sociales o civiles".
En ese sentido, propone fortalecer las relaciones con las organizaciones de izquierdas del Estado español y de Europa para tejer una propuesta política basada en las relaciones "de solidaridad y reciprocidad".
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Sin embargo, el programa no recoge la propuesta política con la que la formación anunció que se presentaría a los comicios, con la que se comprometía a hacer un nuevo referéndum antes de 2025 para alcanzar la independencia de Cataluña.
Plan de rescate social
En este eje del programa, se compromete a impulsar un plan de rescate social para dar respuesta a las necesidades inmediatas de la sociedad catalana, que a la vez suponga "un motor de transformación enfocado a un programa de soberanía popular y transición hacia un económica pública, social y planificada".
Así, el plan incluye medidas para garantizar la Renta Básica Universal, el derecho a la vivienda, la reversión del paro, la desprivatización de los servicios públicos y el acceso universal a "todos los derechos sociales, políticos, económicos y culturales por parte de la población".
En relación a la pandemia del Covid-19, la CUP propone la creación de la Tasa Covid sobre el 1% más rico de la población, con el objetivo de que en 10 años, tan sólo con esta medida, "se financie el total del gasto" derivado de la pandemia.
Cambio de modelo
En este eje, el formación reivindica la importancia de construir un modelo económico socialista, feminista y ecologista basado en la economía plural, la salud, la renta, las curas, la vivienda, los abastecimientos energéticos y la protección social, con el fin de garantizar los bienes y servicios necesarios para la reproducción social y la dignidad de la vida humana.
En ese sentido, destaca la creación de una banca pública para influenciar "de forma directa e indirecta sobre el mercado financiero" y garantizar que este responda al interés general por encima de los intereses privados, además de apostar por la autogestión y el cooperativismo como formas de economía social al servicio de los intereses de las clases populares.
Por otro lado, incluye garantizar que el Poder Judicial respete al colectivo independentista y "no interfiera en el campo de recuperación de las soberanías, que a además tendrá máxima expresión en el proceso de ruptura".
Entre otras medidas, propone la disolución de las unidades especializadas en el orden público, como la Brigada Móvil de los Mossos d'Esqadra (Brimo) y desarticular las Unidades de Investigación, "que funcionan como espacios de policía política destinada al control de los movimientos sociales y a su criminalización".
Así, la formación anticapitalista se compromete a trabajar por la creación de un Observatorio de Control y Garantía de los Derechos Humanos de los cuerpos policiales en Cataluña "que asuma las funciones de control, denuncia y transparencia en relación con las vulneraciones de derechos humanos".