El letrado Víctor Valladares ha presentado ante el Juzgado de Guardia de Plaza de Castilla, en Madrid, una denuncia contra el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como contra los delegados del Gobierno en 18 provincias.
La denuncia, presentada el pasado 19 de marzo, acusa a los dirigentes de presunta prevaricación, por autorizar las multitudinarias manifestaciones feministas del 8M en plena epidemia del coronavirus.
Eso sí, en el caso de Pedro Sánchez, la denuncia deberá ser tramitada por el Tribunal Supremo, ya que el Presidente tiene la condición de aforado.
"Sin seguir las pautas de la UE"
En el escrito, el letrado afirma que el 1 de febrero de 2020 se registró en España, concretamente en La Gomera, el primer caso de coronavirus, que ya estaba afectando seriamente a China e Italia.
Un mes más tarde, el 2 de marzo, el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades enviaba un informe llamado "Evaluación del riesgo: brote de la nueva enfermedad por coronvirus 2019: mayor transmisión a nivel mundial - quinta actualización", en el que se explicaba que el riesgo asociado con la infección para las personas en la UE se consideraba "moderado a alto".
Este informe pedía a todos los Estados miembro que dictaran "medidas de distanciamiento social individual", así como que se produjera la "cancelación de las concentraciones masivas" y se recomedara a los ciudadanos "evitar acudir a actos multitudinarios".
Según Valladares, ante los 114 casos que ya existían en España, y "sin seguir las pautas de la UE", el Gobierno no sólo autorizó las manifestaciones, sino que instó a la ciudadanía a participar en los actos del 8M, con el resultado de que más de 120.000 personas acudieron a la manifestación del 8M en Madrid, entre ellas, Irene Montero y Begoña Gómez, ambas positivas en coronavirus.
Los datos han demostrado que la celebración del 8 de Marzo hizo crecer la expansión del virus chino de forma exponencial, pasando de 580 casos el 8M, a más de 6.000 el día 14 de marzo.
15 años de inhabilitación
La denuncia a Pedro Sánchez y los delegados de Gobierno contempla un delito de prevaricación administrativa, lo que podría suponer una pena de 9 a 15 años de inhabilitación a la autoridad "que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo".
Esta "resolución arbitraria" sería el haber permitido la multitudinaria manifestación del 8M conociendo los riesgos que el coronavirus podría tener para la ciudadanía, correspondiendo a Pedro Sánchez "la responsabilidad criminal en concepto de cooperador necesario".