Tanto la Generalitat de Cataluña como las instituciones públicas afines al Govern catalán son conocidas por 'favorecer' aquellos movimientos sociales, así como a empresas privadas, que apoyen el independentismo catalán.
Así pues, muchos son los ejemplos de organizaciones independentistas que reciben, no sólo el visto bueno de la Generalitat, sino también múltiples subvenciones públicas, destinándose así millones de euros de las arcas públicas catalanas a la defensa de la independencia que quiere menos de la mitad de la población de la autonomía.
Sin embargo, no sólo la financiación del independentismo se ha convertido en polémica dentro de la gestión legislativa del Govern: y es que los casos de corrupción se acumulan dentro de las instituciones públicas catalanas, cada vez más señaladas desde los medios de comunicación, así como desde la opinión pública e investigaciones judiciales.
Irregularidades que, esta semana, han salpicado al Síndic de Greuges, sobre el que la Sindicatura de Cuentas ha emitido un informe en el que se detectan irregularidades en pago de contrataciones.
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"En la revisión de los contratos menores, se han detectado incidencias con la contratación separada de prestaciones que deberían haber sido objeto de contrato único por estar relacionadas con contrataciones sucesivas para cubrir necesidades recurrentes o previsibles [...] constituyen un fraccionamiento indebido del contrato" señala el documento, recordando que este fraccionamiento es una práctica irregular dentro de la Administración Pública.
Del mismo modo, el alcalde de Almacelles, Josep Ibarz, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación administrativa, considerando la sentencia que está suficientemente probado que el alcalde formalizó contratos de forma arbitraria, 'colocando' a gente de su entorno en su administración, destacándose la contratación de un policía local, una inventora, un conserje, y una trabajadora de la brigada de obras, todos cercanos al alcalde.
Laura Borràs no convence al Parlament
Irregularidades dentro de las distintas administraciones públicas catalanas que llegan incluso a salpicar a la presidenta del Parlament catalán, Laura Borràs: y es que unos correos electrónicos podrían probar que la presidenta fraccionó contratos, con un valor de cerca de 260.000 euros, entre 2013 y 2017, concediendo estos contratos 'a dedo' a un colaborador de Borràs.
Una posible imputación de la presidenta de la Cámara que ha hecho que su partido, Junts, busque cambiar el reglamento del Parlament, en defensa de la independentista, a pesar de que ella niega cualquier implicación en el caso, asegurando que está sufriendo una persecución política y judicial por ser independentista.
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Así pues, Junts presentaba ante la Cámara un proyecto de modificación del reglamento del Parlament, el cual proponía acabar con la retirada del escaño a los diputados a quienes se le abra un uiicio oral por delitos relacionados con la corrupción; algo en lo que podria incurrir la propia Borràs, de procesarla el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por malversación y prevaricación.
Una propuesta que ha sido tumbada por ERC y la CUP, que han criticado de forma prácticamente conjunta que esta propuesta tenga un aire 'personalista', evitando mencionar a la presidenta de la Cámara, desconociéndose aún si Junts intentará promover este cambio legislativo en solitario, intentando de forma desesperada salvar a Borràs de perder su puesto en el Parlament, y sentando jurisprudencia para futuros juicios contra otros líderes independentistas.