El Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, ha remitido un informe al Ministerio de Igualdad de la podemita Irene Montero para advertirle de que del riesgo de que la Ley Trans comprometa la "presunción de inocencia", según ha informado el medio de comunicación OK Diario.
La norma, actualmente en tramitación parlamentaria, invierte la "carga de la prueba" de tal forma que "cuando la persona interesada alegue discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales y aporte indicios fundados sobre su existencia, corresponderá a la parte demandada o a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad".
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En resumen, será la persona acusada la que deberá justificar, mediante pruebas, la situación denunciada. Además, todo esto sería en base a "indicios". Ante esta situación, Isabel Díaz Ayuso ha decidido dirigirse directamente a la podemita Irene Montero para que tome medidas.
Según la citada fuente, el Gobierno de España ha ocultado este informe al Congreso de los Diputados. En el documento se explica que la ley "debería redactarse de manera que no se vea cuestionado el principio de presunción de inocencia de la persona a la que se atribuye la conducta discriminatoria, como puede serlo si sólo se habla de meros indicios".
En esta línea, se remite a la ley autonómica, que "exige que el interesado aporte hechos o indicios razonables, fundamentados y probados por cualquier medio de prueba admitido en derecho, de haber sufrido discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género, correspondiendo a aquel a quien se atribuye la conducta discriminatoria, la aportación de justificación probada objetiva y razonable de las medidas adoptadas".
"Además, se indica expresamente, que los anterior no será de aplicación a los procesos penales ni a los procedimientos administrativos sancionadores", ha recordado en el informe la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la ministra de Igualdad, Irene Montero.
"Problemas de seguridad jurídica"
Otro de los asuntos tratados en el informe es el hecho de revertir un cambio de sexo. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha trasladado a Irene Montero los "problemas de seguridad jurídica" que esto podría llegar a plantear, "teniendo en cuenta las consecuencias jurídicas desplegadas culminado el procedimiento para la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas".
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"Problemas de seguridad jurídica que exigirían el establecimiento de un régimen propio sobre la conservación y/o los límites de los efectos desplegados en el periodo anterior a resolverse la acción de reversibilidad", han senteciado desde el ejecutivo autonómico. Irene Montero, por su parte, ha hecho caso omiso a este documento.