La cabeza de Torra puede rodar

  • Cataluña
  • 14-03-2019 | 08:03
  • Escribe: Guillermo Vives

La Fiscalía valora acusarle de dos delitos de prevaricación y desobediencia y se expone a ser inhabilitado en su cargo político.


Eran pocos los presos separatistas y fugados de la justicia y parece que parió la abuela. Quim Torra, al que se le ve celosillo  por el protagonismo mediático que acaparan los que están siendo juzgados por el Supremo, se juega su inhabilitación, al margen de una sanción económica, por su desobediencia negándose a retirar las esteladas y lazos de los edificios de la Generalitat tal y como le reclamó la Junta Electoral Central que vela por la neutralidad de las instituciones en las próximas elecciones generales del 28 de abril.

Orden de limpiar las fachadas de la Generalitat de suciedades

La Junta Electoral Central dio a Torra un plazo de 48 horas, que expiraba ayer por la tarde, para que limpiara las fachadas de los edificios que dependen de la Generalitat en Cataluña de suciedades en forma de lazos y banderas que no son oficiales y que suponen una clara manipulación propagandística en periodo electoral.

Y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado que mantiene el lazo amarillo en la fachada del Palau de la Generalitat y ha enviado un escrito a la Junta Electoral Central (JEC) protestando por que se exija su retirada.

En un comunicado, también ha defendido que la 'estelada' es símbolo de un anhelo de libertad y una reivindicación "democrática, legítima, legal y no violenta", y ha criticado que tener que retirarla sería una censura a la libertad de expresión por parte del Estado.

El desprecio separatista a la ley

Torra se manifiesta así después de que la JEC ordenara retirar los lazos amarillos y las banderas independentistas alegando que son "símbolos partidistas utilizados por formaciones electorales concurrentes a las elecciones". Su actitud desafiante no ha sorprendido a nadie porque ya avisó de que daría una respuesta "combativa" al requerimiento de la Junta Electoral Central. 

La consejera de Presidencia, Elsa Artadi, ha calificado de «ridícula» la pretensión de la Junta Electoral Central, lo que da una idea de que los líderes separatistas que disfrutan de libertad fuera de la cárcel no se diferencian en nada de los que están siendo juzgados en el Supremo, al menos en su vocación por traicionar a España y sus organismos e instituciones.

Están avisados

Torra y otros altos cargos relevantes del Govern han hecho caso omiso de la advertencia pese a que habían sido avisados de las consecuencias que pueden derivarse de su desobediencia: denuncia, multas de 300 a 3.000 euros, aunque la norma contempla que para casos graves, como el que nos ocupa, la cantifdad puede elevarse a 30.000 euros, y la amenaza factible de ser inhabilitado del cargo que ostenta.

De lo que se trata ahora es de presentar recursos y más recursos para alargar el tema y poder quejarse ante los esquimales o los bosquimanos, que da igual, de que el gobierno opresor de España limita la libertad de expresión en Cataluña. ¿Tanto cuesta entender que la Generalitat, como tal, debe mantenerse neutral en unas elecciones que pretenden ser democráticas y justas?

La república bananera en la que pretenden convertir a Cataluña

La ley prohíbe a los poderes públicos -que están al servicio de todos los ciudadanos- tomar partido en las elecciones y recuerda que la libertad de expresión es un derecho fundamental de las personas, pero no de los gobernantes. Y precisamente ese es el punto debil del separatismo catalán: la ley. Ya han demostrado sobradamente que no les gustan las leyes cuando no van a su favor. Y, como han hecho siempre, nada mejor que saltárselas para convertir Cataluña en una república bananera.

Y la ley, en forma de resolución de la JEC, recuerda que, tanto el lazo amarillo por los presos del procés, como la bandera 'estelada' independentista «son símbolos partidistas utilizados por formaciones electorales concurrentes a las elecciones».

Torra se juega el pescuezo

Torra se juega el pescuezo con su alarde de 'valentía'. Por hacerse la valiente desafiando al Estado la alcaldesa de Berga, Montserrat Venturós, de la CUP, fue condenada el año pasado a seis meses de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público y una multa de 540 euros por negarse a descolgar una estelada del Ayuntamiento en las elecciones autonómicas y generales de 2015. 

Lo de la multa les da igual. En el juicio del Supremo ha quedado demostrado que saben sacar el dinero de debajo de las piedras cubriéndose los unos a los otros para esquivar el delito de malversación. Pero Torra sabe que después de presentar recursos y más recursos, alegaciones y más alegaciones, la Fiscalía intervendrá en el expediente y el peso de la ley puede caer sobre él quedando inhabilitado como presidente de la Generalitat. Es posible que sea eso lo que está esperando para incorporarse a la ilustre lista de mártires por la causa.

Un año de cárcel e inhabilitación

Torra será acusado por la fiscalía de dos delitos de prevaricación y desobediencia que pueden suponerle un año de cárcel, que no le obligaria a entrar en prisión, y la inhabilitación en sus funciones políticas después de demostrar que no está capacitado para asumir ninguna representatividad política al no entender que las leyes deben ser respetadas. 

Ciudadanos anuncia que denunciará a Torra

Por su parte, Cs ha anunciado que prevé denunciar este jueves al presidente de la Generalitat, Quim Torra, ante la Junta Electoral Central (JEC) y ante la administración de justicia por no retirar los lazos amarillos como le exigió el órgano electoral, que le dio de plazo hasta ayer por la tarde.

El portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha declarado que, además de denunciar el incumplimiento, informarán a las juntas electorales provinciales catalanas --Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona-- de la orden que la JEC dio al Govern y que "es definitiva y ejecutable inmediatamente".

En su escrito de respuesta a los avisos, Torra ha esgrimido que el Parlament rechazó por "más de dos tercios de la cámara" dos proposiciones de ley que instaban a la prohibición de estos lazos en el espacio público.

Carrizosa considera que Torra "se ha puesto en el punto de mira de la justicia penal" por su negativa a obedecer a la JEC y sigue los pasos de la exalcaldesa de Berga (Barcelona) Montse Venturós, que fue acusada de desobediencia e inhabilitada por no querer retirar una 'estelada' del Ayuntamiento en periodo electoral.

"Es llamativo. Habrán hecho su cálculo electoral porque el riesgo de condena es la inhabilitación y parece que lo asumen", ha señalado el portavoz naranja, que ha recordado que, al ser una orden de la JEC, se agota la jurisdicción electoral y no cabe recurso.

Ahora la JEC está "capacitada para hacer cumplir su propia decisión" ya sea a través de multas coercitivas o de ordenar a los cuerpos policiales que retiren la simbología, ha añadido el diputado.

"Se ha de cumplir. No hay más vuelta de hoja", según Carrizosa, que ha destacado que Cs ya advirtió a Torra de posibles consecuencias penales de no obedecer a la JEC.

Por eso comunicarán a la Junta Electoral Provincial de cada demarcación catalana la resolución de la JEC para que, a su vez, lo trasladen a las Juntas Electorales de Zona con el fin de que ordenen a los ayuntamientos que también retiren esos símbolos.

Facebook Twitter Google+
Deja tu Comentario