La Audiencia de Barcelona condena a ocho violentos de Arran a pagar 24.057 euros por daños

Arran denuncia que los ocho activistas han sido juzgados por su militancia política y que se ha perseguido el derecho a la manifestación.

La Audiencia de Barcelona condena a ocho violentos de Arran a pagar 24.057 euros por daños
La Audiencia de Barcelona condena a ocho violentos de Arran a pagar 24.057 euros por daños

La Audiencia de Barcelona ha condenado a ocho militantes de Arran a pagar 24.057 euros como autores de un delito de daños durante una manifestación en el centro de la ciudad el 1 de mayo de 2016.

Absueltos del delito de desórdenes públicos

En un comunicado este miércoles, Arran y Alerta Solidària han destacado que el tribunal ha absuelto a los activistas del delito de desórdenes públicos, pero que la condena incluye una multa de 14.400 euros en total y más de 9.000 en concepto de responsabilidad civil.

También han criticado que en el juicio, el 13 y 15 de mayo, se negó el derecho a la defensa y no se permitió "demostrar que las identificaciones a partir de ficheros policiales, que significó el inicio de la causa, no podían admitirse".

"Esta sentencia es el resultado de un juicio político contra la juventud organizada", han señalado ambas organizaciones, que consideran que los ocho activistas han sido juzgados por su militancia política y que se ha perseguido el derecho a la manifestación.

Lo que dice la sentencia

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Audiencia considera probado que, en el marco de una manifestación en el centro de Barcelona la tarde del 1 de mayo de 2016, los ocho activistas formaron un "círculo de seguridad" en torno a un grupo de encapuchados para evitar que estos fueran identificados y permitir que ocasionaran desperfectos en establecimientos en el trayecto de la movilización por la calle Pelayo y en la plaza Cataluña.

El tribunal también determina que no ha quedado acreditado que los activistas condenados "actuaran con la finalidad de perturbar el normal desarrollo de la convivencia, y el normal funcionamiento de las instituciones y de los servicios públicos", por lo que descarta los desórdenes.