La Abogacía del Estado se enfrenta a la Fiscalía y se muestra a favor de que Junqueras pueda recoger su acta de eurodiputado

  • Política
  • 12-06-2019 | 11:06
  • Escribe: Gonzalo Palacios

El vicepresidente de la Generalitat Pere Aragonès exige la salida de Junqueras de la cárcel porque "lo mismo que vale para las Cortes debería valer para la Eurocámara"


La Abogacía del Estado ha informado a favor de que el exvicepresident de la Generalitat encausado por rebelión Oriol Junqueras pueda salir de prisión el próximo 17 de junio para jurar ante la Junta Electoral como europarlamentario. El acceso al cargo dotaría al líder independentista de una amplia inmunidad que podría afectar al desarrollo de la causa por el 'procés' en el Tribunal Supremo.

La Abogacía considera que es a la Junta Electoral a la que corresponde valorar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el derecho español que puede afectar a los candidatos electos y singularmente los efectos del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya aplicación supondría la suspensión de Junqueras también como europarlamentario.


Choque con la Fiscalía

En su escrito, pide que el traslado a la cámara se haga en las mismas condiciones de custodia y con las mismas limitaciones que el día de la constitución del Congreso y del Senado. Además, pide que se envíe a la Junta Electoral Central el auto de conclusión del sumario de la causa del 'procés' y la comunicación de la presidenta del Congreso Meritxell Batet por la que se declaró a Junqueras automáticamente suspendido como diputado español. (La explicación surrealista de la Abogacía del Estado para no ver violencia)

Los Servicios Jurídicos del Estado se posicionan así de forma opuesta a la Fiscalía, que se opone a conceder el permiso en un informe en el que advierte que, de obtener la condición de europarlamentario, ello obligaría a pedir un suplicatorio a la cámara europea para poder seguir avanzando en el procedimiento que causaría "interferencias absolutamente irrazonables" en el procedimiento judicial.


El juicio está previsto que acabe este miércoles para dar comienzo la fase de deliberaciones de tribunales y dictado de sentencia. Según las mismas fuentes, el eventual suplicatorio podría perjudicar al proceso porque no se podría dictar esta sentencia hasta que dicho trámite concluyera, y puede durar varios meses.

La polémica abogada Rosa María Seoane

Se da la circunstancia de que la abogada del Estado, Rosa María Seoane, que en el juicio del Supremo ha mantenido una postura muy comprensiva con los presos asumió la defensa de su marido en un juicio contra el Ayuntamiento madrileño de Boadilla del Monte sin solicitar la correspondiente compatibilidad, según ha anunciado el portal OKDiario. Su marido J. L. P. M. atropelló en 2007 a un perro mientras iba conduciendo un quat. Al caerse al suelo, ambos decidieron denunciar al Consistorio del municipio madrileño, en ese momento liderado por el condenado Arturo González Panero, implicado en el ‘caso Gürtel’.

OKDiario sostiene que "según la Ley de Incompatibilidades, Seoane cometió una falta “muy grave”. Es decir, que si alguien la hubiera denunciado en su día por este hecho, se la habría puesto una sanción. Entre las posibles sanciones se encuentra el traslado forzoso, el demérito (es decir, no promocionar) o la suspensión de sus funciones durante un período de tiempo de 6 años como máximo".

Rosa María Seoane, como abogada del Estado, ha mantenido en el juicio del Supremo que los golpistas enjuiciados en el Tribunal Supremo no cometieron un delito de rebelión, defendiendo que sólo lo hicieron de sedición. También aseguró que “la violencia estructural no está demostrada”. Seoane sustituyó en el juicio a Edmundo Val, ahora diputado de Ciudadanos, que se negó a blanquear la rebeldía de los acusados en el juicio. (Bal ajusta cuentas con Pedro Sánchez: "El Gobierno mancha el nombre de la Abogacía del Estado")

Aragonès: "Lo mismo que vale para las Cortes debería valer para la Eurocámara"

Por su parte, el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha criticado este miércoles que la Fiscalía del Tribunal Supremo pida que no se permita salir del centro penitenciario al líder de ERC, Oriol Junqueras, que está siendo juzgado por rebelión en el juicio del 'procés', para jurar ante la Junta Electoral su cargo como eurodiputado. Defiende que se debería facilitar que tome su acta de eurodiputado, como sucedió hace unas semanas en el Congreso, donde Junqueras asumió la condición de diputado.

"Si los miembros que fueron elegidos como diputados y senadores pudieron recoger su acta, lo mismo tiene que valer para el Parlamento Europeo", ha señalado Aragonès en declaraciones a la prensa enfrente del Supremo donde este miércoles queda visto para sentencia el juicio a los líderes del procés.

El dirigente de Esquerra ha recalcado que los cargos electos no los elige el Tribunal Supremo, sino la ciudadanía y que Junqueras debería poder hacer los trámites para cumplimentar su acta como eurodiputado.

Este martes, la Fiscalía del Tribunal Supremo informó en contra de que Junqueras salga del centro penitenciario el próximo 17 de junio para jurar ante la Junta Electoral su cargo como eurodiputado, porque habría que pedir en consecuencia un suplicatorio al Parlamento Europeo que ocasionaría "interferencias absolutamente irrazonables" en el procedimiento judicial. (La rajada del hipócrita Pere Aragonès contra España)

"Junqueras no está privado del derecho de sufragio pasivo ni de ejercer un cargo electo si ha sido elegido por la ciudadanía", ha indicado el vicepresidente de la Generalitat, al tiempo que ha acusado al Poder Judicial y al legislativo de "connivencia" para limitar los poderes y derechos fundamentales al no permitir a Junqueras recoger su acta de eurodiputado.

En este sentido, Aragonès ha insistido en que el Poder Judicial debería "garantizar los derechos fundamentales de Junqueras". Coincidiendo con la última vista del juicio oral del 'procés', ha afirmado que "no ha habido ningún delito" y la situación de prisión preventiva de los políticos procesados es "injusta, desproporcionada e injustificada".

"La prisión preventiva supone un incumplimiento anticipado de una pena de prisión que no sabemos si ya está decidida", ha manifestado.

 

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