La Abogacía del Estado ha defendido en las alegaciones finales del juicio del procés que la violencia no formó parte del plan de los doce golpistas catalanes.
En esta línea, ha buscado distanciar a los presos independentistas de la violencia y ha reconocido que si cometieron un delito de sedición. (El Tribunal Supremo le 'pone fecha' a la sentencia contra los golpistas)
Rosa María Seoane ha defendido que la resistencia activa o pasiva al cumplimiento de la Ley puede incluirse en el tipo de sedición del artículo 544 del Código Penal.
En dicho artículo citado anteriormente se comprende la existencia de un "alzamiento público tumultuario" que incluye el uso de la fuerza. (Unos indepes indeseables dan la nota en el Tribunal Supremo antes del juicio del 1-O)
Para la rebelión que defiende la Fiscalía se precisa un alzamiento "violento" que según esta acusación no se puede aplicar a los hechos que se juzgan en el Tribunal Supremo.
Seoane ha asegurado que los doce independentistas juzgados son coautores de sedición pero ha reiterado que no se dan los requisitos del tipo que exige el artículo 472, relativo a la rebelión. (El Presidente del Supremo, acerca de Puigdemont: "¡No es posible ser acusado por la mañana y testigo por la tarde!")
Rebaja de las penas a la mitad
Esta postura supone una rebaja casi a la mitad de las penas solicitadas por los Servicios Jurídicos del Estado respecto a las instadas por la Fiscalía.
De esta forma, los doce políticos independentistas encarcelados y juzgados en el Alto Tribunal por el procés estarían en prisión entre 8 y 12 años.