¿Justicia a la carta? Torra recusa a Marchena y nueve jueces más en su caso por desobediencia

Su abogado, Gonzalo Boye, afirma que la inhabilitación de Torra "pretende privar" al president de las "elecciones al Parlamento Europeo".

¿Justicia a la carta? Torra recusa a Marchena y nueve jueces más en su caso por desobediencia
¿Justicia a la carta? Torra recusa a Marchena y nueve jueces más en su caso por desobediencia

Quim Torra se enfrenta a una inhabilitación de 18 meses por un delito de desobediencia, sentenciado ya por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Algo que ha provocado que el president, aún liderando la Generalitat de Cataluña, haya convocado elecciones.

Sin embargo, esta decisión de los tribunales no ha quedado en el olvido para el president, cuyo abogado, Gonzalo Boye, ha presentado una petición de revisión de condena al Tribunal Supremo.

Y, según ha podido saber El Confidencia, esta solicitud ha llegado al Alto Tribunal acompañada de dos escritos de alegaciones, en los que Boye pide la recusación y abstencia de diez de los doce integrantes de la Sala de lo Penal.

Boye llevará el caso a Europa

En concreto, el abogado de Quim Torra ha solicitado que se aparte al presidente de la Sala, Manuel Marchena, y a los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral García, Ana María Ferrer, Pablo Llarena Conde, Vicente Magro Servet, Carmen Lamela y Eduardo Porres.

El abogado ha explicado que la separación del caso de estos jueces se debe al derecho de Torra a un tribunal imparcial, remarcando el papel de aquellos jueces del Supremo que han formado parte de la Junta Electoral Central, como Ferrer, Porres o Colmero, ya que fue la orden de la JEC, de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos, la que incumplió Torra, y que provocó su condena.

En el mismo sentido, el presidente de la Sala y el resto de magistrados estuvieron presentes en el tribunal que juzgó 'el procés'. Carmen Lamela, por su parte, instruyó el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional sobre el proceso de independencia en Cataluña, y Pablo Llarena lo asuminó cuando la jueza se inhibió a favor del alto tribunal. (La empresa que dijo en el juicio del Procés que 'perdonó' a la Generalitat 80.440 euros, ya ha cobrado 8,2 millones)

Además, Boye ha afirmado que, tras la revisión de la condena, acudirá a Europa, afirmando que la resolución contra su defendido tiene el objetivo de "privar ilegalmente" a Torra "de su derecho de sufragio pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo".