Oriol Junqueras no engaña a nadie. Insiste en que "lo volveremos a hacer" y deja claro así que no merece el indulto que Pedro Sánchez está dispuesto a concederle. Lejos del arrepentimiento necesario para obtener esa medida de gracia, Junqueras, desde la cárcel, se ha dirigido a sus votantes para garantizarles a través de las redes sociales que seguirán intentando perpetrar otro golpe de estado incumpliendo nuevamente la constitución.
El independentismo rabia con el tercer grado de Rato
El independentismo, además, está que trina con el tercer grado que se le ha concedido a Rodrigo Rato, el ex ministro del PP condenado por el Caso Bankia, ahora en régimen de libertad bajo control telemático, dos días después de conocer la sentencia que le absuelve por la salida a Bolsa de la entidad bancaria que dirigió.
En un auto, el magistrado José Luis Castro señala que la propia Junta de Tratamiento del centro penitenciario de Soto del Real ha propuesto por mayoría su progresión al tercer grado, al entender que está capacitado para seguir cumpliendo su condena en un régimen de semilibertad. Para ello, se basa en los informes emitidos por los profesiones del equipo técnico del centro penitenciario.
El que fuera vicepresidente económico en el Gobierno de José María Aznar entró en prisión en octubre de 2018 cuando el Tribunal Supremo confirmó la condena impuesta por la Audiencia Nacional a cuatro años y medio por el caso de las tarjetas 'black' de la extinta Caja Madrid, siendo el único de los condenados que aún continúa en el centro penitenciario.
Al haber cumplido ya una cuarta parte de la condena, el pasado mes de abril la junta de tratamiento de la prisión de Soto del Real propuso concederle el tercer grado, si bien un mes más tarde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, rechazó la progresión de grado, entre otros motivos, porque aún tenía pendiente dos procedimientos judiciales.
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Uno de ellos era la sentencia de la Audiencia Nacional la salida a Bolsa de Bankia en 2011 que se conoció este martes y que absuelve a los 34 acusados. El juez Castro afirma en su auto que es "razonable" haber esperado a conocer esta resolución debido a las "elevadas penas" (ocho años y medio de cárcel) que la Fiscalía solicitaba contra él por los delitos de falsedad contable y estafa a inversoras.
Factores positivos para conceder el tercer grado a Rato
Pero una vez conocida la sentencia y teniendo en cuenta "factores positivos" de Rato como interno en el centro penitenciario, el juez de Vigilancia Penitenciaria entiende que se debe conceder el tercer grado.
Para ello, ha valorado que la mitad de la pena se cumplirá en enero de 2021; que los permisos penitenciarios que el expresidente del Fondo Monetario Internacional (FMI) no han tenido "incidencia negativa alguna"; y que el "pronóstico" de reincidencia delictiva es "baja" en atención a su actividad profesional y la edad (71 años).
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A ello suma que Rato ha asumido la responsabilidad pecuniaria derivada de su condena por las 'tarjetas black', ya que abonó la multa como la responsabilidad civil directa y subsidiaria. Así, entiende que ha cumplido con la exigencia legal de reparación del daño establecido para los delitos económicos, ya que, en este caso, para la concesión grado no solo basta con el buen comportamiento en prisión o durante los permisos penitenciarios, según explica el auto.
Rato pidió perdón públicamente
El juez recuerda además que el exvicepresidente del Gobierno "ha pedido perdón de forma voluntaria pública y notoria antes de su inmediato ingreso en prisión", una declaración que fue "emitida por numerosos medios de comunicación".
Sobre el hecho de que el resto de condenados por las 'tarjetas black' disfruten del tercer grado o se encuentren en libertad condicional desde hace tiempo, el juez Castro indica que Rato fue condenado a una pena mayor que el resto y que por ello ha estado sometido a "un mayor periodo de observación y tratamiento".
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Con todo ello, el juez concluye que ya se dan "todas las circunstancias y variables que le hacen merecedor del tercer grado, debiendo unir a ello su avanzada edad que le permitiría, si se dan los requisitos legales, obtener la libertad condicional por esta causa, así como las enfermedades coronarias que padece".
La amenaza de Junqueras
Nada de eso se da en Oriol Junqueras y el resto de condenados por el juicio del Procès. Ni han cumplido la cuarta parte de su condena ni han mostrado el menor síntoma de arrepentimiento. Y no sólo eso, amenazan con que lo volverán a hacer. Y entre sus correligionarios existen casos flagrantes de fuga que afectan negativamente a los presos. No es la mejor manera de reclamar clemencia humildemente.
"Tres años de las urnas del 1-O que llenamos masivamente de votos por la democracia, la libertad y la independencia de nuestro país. Estamos en la cárcel y en el exilio por ponerlas (las urnas), pero a fe de Dios que lo volveremos a hacer".
Con esta amenaza Junqueras quiere que el Estado tenga clemencia y le dispense a él y a sus compinches una medida de gracia que les permita salir a la calle y dejar de estar encerrados como delincuentes que son condenados por el delito de sedición.
"Tampoco han pedido disculpas" por su delito
El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha puesto a Junqueras y al resto de presos en su lugar y se ha mostrado en contra de "dar indultos a personas que dicen que lo volverán a hacer". Ha defendido en Ràdio 4 que el indulto debe tener dos ideas: que no se volverá a hacer y "un acto de contricción, de petición de disculpas".
Y ha opinado sobre la reforma del delito de sedición en el Código Penal que es escandaloso que se reforme "a medida de unas personas que volverán a cometer" el delito, y ha asegurado que si el objetivo fuese mejorar el redactado o modernizarlo, el Gobierno se debería haber puesto en contacto con el PP para negociar.
Ha afirmado que "la política tiene su espacio y la justicia el suyo, y cuando se ve un flagrante delito es la justicia quien debe actuar", tras lo que ha destacado que en Cataluña hay un grave problema político y que el PP apuesta por profundizar en el estado autonómico en el marco de la ley.