La ineficacia de los aparatos del poder y el retraso en las investigaciones ha permitido a Jordi Pujol irse de rositas por el delito de fraude a Hacienda de 885.000 euros. Como ya ha prescrito, podrá brindar con su familia -todos bajo sospecha e imputados y condenados- con el cava catalán mas caro a la salud de la justicia española.
La Agencia Tributaria reconoce en un informe entregado a la Audiencia Nacional que el expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol defraudó en el año 2000 más de 885.000 euros, pero subraya que el delito ya está prescrito.
Así consta en un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, del pasado 15 de octubre que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif) ha remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, quien investiga el presunto origen ilícito de la fortuna de la familia Pujol Ferrusola. En la investigación se encuentra imputada la familia al completo por blanqueo de capitales de dinero procedente de la corrupción política de la que se aprovechó por esas fechas el presidente de la Generalitat.
"Aunque se trata de un ejercicio fiscal prescrito (2000), la cuota dejada de ingresar en el IRPF, según se detalla en la propuesta de regularización adjunta, por el ingreso en efectivo sin justificar realizado en la cuenta bancaria del obligado tributario, asciende a 885.651 euros", concluye el documento de Hacienda.
Estos impuestos dejados de abonar por el expresidente catalán corresponderían a un "ingreso en efectivo" de origen desconocido de 307 millones de pesetas (algo más de 1,8 millones de euros) que se produjo el 21 de septiembre de 2000 en una cuenta de la entidad andorrana Andbank.
El "titular formal" de esta cuenta, según las conclusiones del informe de la Onif, era Jordi Pujol Ferrusola, pero "su propietario real" era su padre, tal y como éste reconoció en un documento con membrete del mismo año 2000 --adjuntado al mismo informe-- en el que dejó escrito que en caso de fallecimiento el dinero debía pasar a su esposa, Marta Ferrusola.
Si no hubiera prescrito el delito
De no haber prescrito el delito, Jordi Pujol Soley debería regularizar unos 900.000 euros sobre unas ganancias sin justificar de 1.845.107, 16 euros, lo que supone delito fiscal con todas las de la ley.
El Mundo sostiene que si no se hubiera producido la prescripción del delito, "el ex president hubiera tenido que afrontar una multa del 100%, que podría llegar incluso al 150% si el fisco considerase que medió ocultación en su acción. El montante al que hubiera tenido que hacer frente Jordi Pujol en ese caso estaría entre los dos y los tres millones de euros".