Irene Montero llegaba al Ministerio de Igualdad con la promesa, no sólo de defender los intereses de las mujeres y del colectivo LGTBI, sino de luchar a través del feminismo por una verdadera igualdad entre ciudadanos españoles.
Sin embargo, día tras día, la ministra podemita ha demostrado no estar interesada en una verdadera igualdad, la defendida por el feminismo, sino en una obsesión por la discriminación positiva hacia la mujer, buscando así favorecer el empleo y los derechos femeninos en la sociedad.
Una obsesión, para la que Montero ha contado con un presupuesto de más de 500 millones de euros, que no ha tenido un resultado positivo, tal y como demuestran los distintos informes publicados durante el 2021, que no sólo destacan que se han cometido más violaciones y ataques contra la libertad sexual desde que la podemita llegó al Ministerio, sino que también demuestran que la brecha laboral se ha aumentado en los últimos meses.
Batacazo en sus principales proyectos ministeriales que ha llevado a Irene Montero a centrarse en la violencia de género para recuperar el control de su Cartera; un tema en el que Montero ya centró su ley de 'sólo sí es sí', y en el que ahora ha vuelto a sembrar la polémica a través de la publicación del Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad, con fecha de 11 de noviembre de 2021, oficializado ahora a través del BOE, en el que la podemita 'elimina' de un plumazo la presunción de inocencia de los hombres en materia de violencia de género.
Una mujer siempre será 'víctima' de malos tratos
Así pues, el documento publicado acredita las situaciones en las que se determina que una mujer ha sufrido violencia de género, llegando a asegurar que, aunque el acusado haya sido absuelto, o no se hayan encontrado pruebas de maltrato, la mujer será considerada 'víctima de malos tratos'; es decir, el hombre siempre será un maltratador para el ministerio de Igualdad, a pesar de las resoluciones de Justicia, eliminando así el derecho masculino de la presunción de inocencia.
En concreto, en su segundo apartado, este texto destaca que "la acreditación administrativa de las situaciones de violencia de género [...] podrá ser solicitada por las mujeres" en el caso de:
- "Víctimas que se encuentren en proceso de toma de decisión de denunciar"
- "Víctimas respecto de las cuales el procedimiento judicial haya quedado archivado o sobreseído"
- "Víctimas que han interpuesto denuncia y el procedimiento penal esté instruyéndose".
- "Victimas con sentencia condenatoria firme con ena o penas ya extinguidas por prescripción, muerte del penado, cumplimiento de la condena, entre otras causas, u orden de protección que haya quedado inactiva por sentencia absolutoria o cualquier otra causa que no declare probada la existencia de la violencia".
- "Víctimas a las que se haya denegado la orden detención, pero existan diligencias penales abiertas".
- "Cuando existan antecedentes previos de denuncia o de retirada de la misma".
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Así pues, el nuevo documento de Igualdad establece que cualquier mujer será considerada una víctima de malos tratos, incluso en el caso de que la Justicia absuelva a su supuesto agresor; una sobreprotección de la mujer que además, supone una desprotección de los hombres contra las acusaciones falsas.
Y es que el mismo texto destaca que la violencia por razón de género se ejerce sobre las mujeres por el mero hecho de serlo, siendo estas acciones una vulneración de sus derechos humanos, que debe obligar a los poderes públicos a tomar inciativas de protección a las víctimas, independientemente de los condicionantes de cada caso.