"El acuerdo que ha logrado Unidas Podemos en la ley de memoria democrática es histórico. Por primera vez un paso adelante para acabar con la impunidad de los crímenes franquistas. Ningún juez podrá ampararse en la ley de amnistía para no investigar crímenes de lesa humanidad". Asi celebraba, en su cuenta de Twitter, Ione Belarra, secretaria general de Unidas Podemos y Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, el acuerdo alcanzado entre los miembros del gobierno de coalición, durante la tarde de ayer.
La enmienda a la Ley de Amnistía de 1977 expone que todas las leyes del Estado español "se interpretarán y aplicarán de conformidad con el derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el derecho internacional humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables".
Además, se incluirá dentro de la Ley de Memoria Democrática los crímines contra la humanidad, genocidio y tortura perpetrados durante el franquismo no puedan prescribir ni gozar del amparo de la normativa de amnistia promulgada en 1997. Se extenderá hasta el año 1982 la consideración de víctimas de la dictadura franquista, se retirarán hasta 33 títulos nobiliarios a cargo del régimen y se volverá al nombre original del Valle de los Cáidos, conocido como "Cuelgamuros". En la nueva medida también se detalla que las víctimas de la dictadura tendrán derecho al resarcimiento de los bienes incautados, así como de las sanciones económicas impuestas por el régimen de Francisco Franco.
Esta enmienda, pactada por el Gobierno de coalición, todavía pendiente de negociar con ERC y PNV, se centra en criterios ya aplicados en otros procesos similares en países como Argentina, donde la justicia apela a la doctrina internacional sobre que son imprescriptibles e inamnistiables los crímenes de lesa humanidad.
La reforma es inconstitucional
Sin embargo, los efectos de esta modificación serán muy limitados, segun reconocen sus defensores y promotores, porque la mayor parte de los autores de esos crímenes ya han fallecido. El objetivo que persigue la enmienda es por tanto de resarcimiento moral aunque también incluye algunas compensaciones económicas a las víctimas.
Hasta ahora, todos los procesos que se han iniciado en España para juzgar crímenes del, los más conocidos fueron los que llevó a cabo el juez Baltasar Garzón, se chocaron siempre con la barrera infranqueable de la Ley de Amnistía y del Tribunal Supremo, que tiene jurisprudencia al respecto. El Tribunal Constitucional también hizo lo propio cerrando la puerta a la investigación penal de los crímenes del franquismo.
Esta enmienda, sin embargo, supone una vulneración a un precepto constitucional registrado en el Titulo Preliminar de la norma jurídica suprema en España. En su artículo 9.3 la Constitución reza "La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos". Además, en el artículo 2 del Codigo Penal, en su primer apartado establece que "No será castigado ningún delito con pena que no se halle prevista por ley anterior a su perpetración. Carecerán, igualmente, de efecto retroactivo las leyes que establezcan medidas de seguridad".
En definitiva, el acuerdo alcanzado, vulnera principios fundamentales que solo con la reforma integral de la Constitución podría tener validez, siendo de otro modo un ataque directo a los pilares fundamentales en los que se fundamenta el sistema democrático de España.