La Policía Local de Lugo investiga a una mujer como presunta autora de un delito de maltrato animal al aparecer en un inmueble los cadáveres de dos perros tapados con una sábana y en avanzado estado de descomposición. Tal y como ha informado la Policía Local, los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles 17 de julio, cuando la comunidad de vecinos de la calle Pintor Villamil, en la zona de la Milagrosa, dio parte a la policía de un fuerte olor procedente de un inmueble.
Ante la sospecha de que pudiera haber alguna persona fallecida, se procedió a la entrada en la vivienda, concretamente el 2D, a través de una de las ventanas que se hallaba abierta. De este modo, tal y como ha informado la Policía Local de Lugo en un comunicado, los agentes comprobaron que el inmueble estaba revuelto y con numerosas heces y orines.
Asimismo, localizaron los dos cadáveres de los animales en el recibidor, cubiertos con una sábana y en avanzado estado de descomposición. El inmueble disponía de pienso sobrante, no obstante, no se encontraron restos de agua. Los animales fueron recogidos por los agentes para ser trasladados al Hospital Veterinario con el fin de practicarles una necropsia y determinar la causa de la muerte.
Conforme a esto, ambos animales poseían microchip, por lo que se ha podido localizar a la propietaria. Ésta ha manifestado que los perros habían muerto el fin de semana y que no sabía qué hacer con ellos. (Piden dos años de prisión para el hombre que asesinó a nueve perros encerrándolos en un coche a 43 grados).
Las asociaciones animalistas ponen el grito en el cielo
En relación a este caso, la Asociación Animalista Libera y la Fundación Franz Weber (FFW) han señalado que "este acto puede ser constitutivo de un delito de maltrato animal". Por lo que, en función de las circunstancias que se determinen en la investigación, la autora podría ser condenada a hasta 18 meses de prisión y a la inhabilitación para la tenencia de animales por un máximo de 36 meses.
Conforme a esto, por la vía administrativa, la sanción máxima sería de 3.000 euros, además de la inhabilitación que podría llegar a los 10 años. En este sentido, FFW y Libera han considerado la propuesta de un Registro donde consultar qué personas han sido sancionadas o condenadas por hechos similares.
El Registro tendría carácter confidencial y podría ser consultado por Ayuntamientos, fuerzas de seguridad y gobierno autonómico. Así, esta iniciativa "podría obligar a cualquier establecimiento de venta o criador a realizar una solicitud previa a la administración antes de realizar una transacción o una adopción", han señalado.