A pesar de ser el organismo autonómico que debe gestionar y gobernar para cuidar de todos los ciudadanos catalanes, la Generalitat de Cataluña ha demostrado, a lo largo de los años, gobernar únicamente para la ciudadanía independentista de Cataluña.
Una demostración de inclinaciones, a favor del nacionalismo catalán, que incluye a los radicales independentistas, cuyas asociaciones, en muchos casos, acaban recibiendo subvenciones del Govern catalán camufladas como aportaciones y ayudas a la cultura o a la juventud catalana.
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Permisividad del Gobierno catalán que se ha mostrado en todo momento a favor de los movimientos radicales secesionistas que atemorizan a las calles catalanas, asegurándose desde las instituciones públicas que el nacionalismo es un movimiento 'pacifisfa' y 'democrático'.
Tanto es así, que ahora ha salido a la luz que el ex president de la Generalitat, Quim Torra, llegó a evitar, durante el 2020, la tramitación de las 1.200 sanciones que los Mossos d'Esquadra impusieron a los independentistas durante las distintas manifestaciones que tuvieron lugar ese año en toda Cataluña.
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Así pues, tal y como ha podido saber el diario ElPaís, y tal y como han confirmado fuentes de Interior a la agencia de noticias EFE, la Generalitat de Cataluña no tramitó ninguna de las actas administrativas de sanción que levantaron los Mossos durante las manifestaciones independentistas del 2020.
En concreto, habría sido la Dirección General de Administración de la Seguridad (DGAS), el organismo del Govern encargado de tramitar estos expedientes sancionadores, quien habría archivado estas más de 1.000 actas redactadas por la policía autonómica, saliendo impunes de sanción los radicales independentistas.
Han sido los sindicatos de los Mossos los que, esta semana pasada, informaban al consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, de esta situación, especificando que la gran mayoría de estas sanciones no tramitadas estaban enmarcadas en el contexto de manifestaciones no comunicadas previamente a Interior.
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Manifestaciones independentistas llevadas a cabo por los radicales secesionistas catalanes, incluso, durante la pandemia del coronavirus, como los cortes en la Meridiana de Barcelona que, no sólo han contado con el visto bueno de las administraciones públicas, sino que también contaron con el secretismo del ex president de la Generalitat, que apoyaba estas acciones radicales con su silencio, y con el rechazo a multar administrativamente a los secesionistas que provocaban incendios y destrozos en la autonomía que juró proteger y gestionar.