El pasado mes de mayo, España comenzaba a recuperarse de la pandemia del coronavirus, arrancando la famosa 'desescalada' del Ejecutivo socialista.
Una desescalada que llegó acompañada de la aprobación, el 2 de junio, de una de las medidas estrella de Unidas Podemos durante su campaña electoral: el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una 'paga' para las familias en situación vunerable que oscilaba entre los 462 y 1.015 euros.
Una propuesta que fue aprobada en el Congreso de los Diputados con ningún voto en contra, ya que, a pesar de la abstención de Vox, se entendía que esta ayuda podría ser la salvación de muchas familias afectadas laboralmente por el Covid-19.
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Ahora, casi cuatro meses después, estas ayudas aún no han llegado a miles de ciudadanos, que siguen esperando a que la Administración, saturada, conteste a sus solicitudes.
Una situación de colapso del sistema que ha reconocido el propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que ha admitido que la Administración se encuentra desbordada por la tramitación de los ERTE y el paro, habiéndose tramitado un tercio de las solicitudes recibidas, cerca de 900.000.
"Siempre me dicen que está en estudio" afirma Manuela, una solicitante, a ABC "Si el Estado dice que nadie se va a quedar atrás, ¿esto qué es? ¿Cuándo me van a contestar? Llamo a un teléfono que nunca contestan. Me dicen que pida cita para la Seguridad Social, pero ahí no atienden a nadie".
Pero a este colapso de la Administración se une la dificultad del procesamiento de las solicitudes, que fueron realizadas obligatoriamente de forma telemática, y a que la aprobación de las ayudas depende de la renta del año anterior, lo que excluye a aquellos que se han visto afectados económicamente por la pandemia.
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Los afectados por los retrasos, desesperados e indefensos
"Es un engaño, un timo, parece una operación cosmética del Gobierno" se lamenta un afectado en La Información "Nosotros no cobramos ni un euro del IMV y seguimos viviendo de la caridad de la familia, de nuestros vecinos y de diversas ONG. En este país sí hay gente que nos estamos quedando atrás".
Javier, de 49 años, también relata su terrible experiencia : "vivo solo, divorciado, sin trabajo, pobre y malviviendo en una habitación" asegura, criticando que el Gobierno haya "aprobado una ley para quedar bien sin estar preparados para gestionarla".
La situación de Jacqueline y su familia también pende de un hilo. Sin poder homologar, por razones económicas, su título de enfermera, su familia se sustenta con los 425 euros que cobra su marido de la renta mínima de la Comunidad Valenciana.
"Nos dijeron que no podíamos ser beneficiarios por la renta que cobra mi esposo, y porque no éramos un núcleo familiar monoparental" critica "¿Nosotros no estamos en riesgo de exclusión social, en situación de vulnerabilidad?".
Unas 'pautas' del IMV que excluyen a muchas familias, y que acaban con la paciencia de aquellos que esperaban que el Gobierno apoyara a sus ciudadanos en estos difíciles momentos: "El IMV es un timo, un engaño del Gobierno, que anuncia cosas con mucho bombo y platillo y luego se quedan en nada" lamentan.