La paranoia del independentismo alcanza niveles preocupantes. Como si se tratara de una película de espías, la delegada (embajadora) de la delegación catalana (embajada) en Berlín denuncia ante la Fiscalía Federal Alemana haber sido objeto de espionaje por parte del Ministerior del Interior español. Y si no es cierto, calumnia, que algo queda. Que de eso se trata. De buscar altavoces para que su discurso victimista cale en Europa. ¡Objetivo cumplido! La embajadora merece un aumento en su generoso sueldo por hacer tan bien su trabajo.
La delegada de la Generalitat de Catalunya en Berlín, Marie Kapretz, ha interpuesto ante la Fiscalía Federal alemana una denuncia por "seguimientos" de los que responsabiliza al Ministerio del Interior, según ha anunciado en su cuenta de Twitter.
Puigdemont aplaude a la 'embajadora' catalana
Kapretz, que afirma que los seguimientos "posiblemente se siguen produciendo", denuncia una infracción contra sus libertades personales. Su anuncio ha sido aplaudido en la misma red social por el expresidente catalán huido en Bélgica Carles Puigdemont.
El origen de sus sospechas está en la documentación que la Abogacía del Estado aportó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en la petición de paralizar cautelarmente la actividad de las delegaciones de la Generalitat en Berlín, Londres y Ginebra.
El Congreso veta las explicaciones de Borrell
La petición se debe a que Ministerio de Asuntos Exteriores considera que estas tres oficinas están trabajando singularmente por el proceso secesionista y vulnerando la competencia exclusiva del Estado en las relaciones exteriores.
Tanto JxCat como ERC han pedido explicaciones en el Congreso y reclamaron una comparecencia extraordinaria en pleno del ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell. No obstante, la Diputación Permanente rechazó este martes la comparecencia con los votos de PSOE, PP, Ciudadanos, Vox y Coalición Canaria. Unidas Podemos se abstuvo, por considerar que la explicación debe hacerse en la Comisión de Exteriores, mientras PNV y Bildu apoyaron la solicitud.