La consultora GAD3 dio a conocer, hace apenas dos semanas, los resultados de una encuesta que demuestran que los jóvenes mayores de 18 años apenas conocen la historia de la banda terrorista ETA, ni la de los terribles asesinatos y atentados que cometieron.
Una encuesta que quedó confirmada posteriormente por las entrevistas, a pie de calle, llevadas a cabo por Cabo Minuesa, que se recorría varias facultades universitarias y que comprobaba, de primera mano, el desconocimiento que existe entre las nuevas generaciones sobre víctimas del terrorismo como Miguel Ángel Blanco o José Antonio Ortega Lara.
Pero este olvido no sólo se centra en la gente joven, sino que incluso afecta a los presos de ETA.
Y es que, según ha podido saber El País, solo una quincena, de los casi 200 presos etarras que cumplen condena en nuestro país, apoyan actualmente el terrorismo que llevaron a cabo durante años.
Una condición que ha favorecido la política del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska que,en el tiempo que lleva ocupando la cartera tras relevar a Juan Ignacio Zoido ha promovido el acercamiento de los presos etarras al País Vasco.
En concreto, desde su llegada a Interior, 84 presos terrroristas se han visto beneficiados por las medidas de aproximación a sus lugares de residencia, fomentando esto la relación del Gobierno de Pedro Sánchez con los independentistas y radicales vascos en las negociaciones estatales.
El Gobierno también olvida a las víctimas
El Ejecutivo de Pedro Sánchez se aliaba, ya desde la investidura del socialista, con los partidos secesionistas y radicales de País Vasco y Cataluña. Una unión que ha promovido algunos beneficios para los etarras, a pesar de las quejas y el dolor de las familias y las víctimas de ETA que, más de treinta años después, siguen temiendo sus amenazas.
¿Por qué solo en España?: Lo que hay detrás de las revueltas
Pero no es éste el único desplante que han recibido las víctimas de los terroristas esta semana.
Y es que el ministerio de Justicia, que depende del socialista Juan Carlos Campo, ha remitido varias cartas a las víctimas del atentado de Hipercor, para exigirles el, pago de los honorarios de los letrados públicos que llevaron el caso en los tribunales.
Así pues, Justicia elimina el derecho a la asistencia jurídica gratuita reconocida para las víctimas del terrorismo, reclamando el pago de 500 euros en concepto de costas de los servicios de la Abogaía del Estado, señalando que, de no ser pagadas en el palzo de un mes, se aplicarán los correspondientes intereses de demora.
"A nosotros nos reclaman hasta el último céntimo [...] a los etarras, como a todos los que se declaran insolventes, no les exigen ni las indemnizaciones que todavía tienen que pagar a muchas víctimas y familiares de asesinados" se lamenta José Vargas, presidente de la ACVOT, ante EsDiario.
Un mazazo a las víctimas del terrorismo que llega poco antes del estreno del documental "EL DESAFÍO: ETA", de Amazon Prime Video, en el que aparecerán testimonios como el de 'Pototo', jefe del aparato logístico de ETA, actualmenete en prisión por el secuestro de Ortega Lara.
"En ETA no entré. Me metieron aquellos que pretendían comprar, prostituir y someter nuestras almas y la de nuestro pueblo: el dichoso Reino de España y su insaciable pretensión de ser Imperio" ha asegurado el etarra desde la cárcel, en una carta que demuestra que, a pesar del Gobierno y la falta de memoria, España no olvida.