Carles Puigdemont se fugaba en 2017 para evitar así ser juzgado, como otros independentistas, por el procés secesionista del 1-O.
Una huída a Waterloo que, más tarde, le proporcionaba al ex president la posibilidad de convertirse en eurodiputado electo en Bruselas, consiguiendo, junto a su puesto en la Eurocámara, la inmunidad parlamentaria, que le permite recorrer todo el territorio supranacional... menos en España, donde la orden de detención del ex president sigue vigente.
Una situación judicial irregular que ahora, ha vuelto a enfrentar a la Justicia española contra la europea, después de que los jueces de la UE hayan decidido suspender, de forma provisional, la retirada de la inmunidad parlamentaria de los fugados.
"No se puede pretender que el Tribunal General de la UE decida sobre cuestiones que dependen del Derecho y las Autoridades de un Estado miembro, en este caso de España" ha lamentado la Abogacía del Estado a través de un comunicado obtenido por eldiario.es.
"Corresponde a las autoridades nacionales"
Así pues, la Abogacía española no ha visto con buenos ojos la decisión del Trbinual General de Justicia de la UE (TGJUE) de suspender provisionalmente la retirada de la inmunidad de los 'exiliados' para que asistieran a la sesión de la Eurocámara en Estrasburgo, llegando incluso a asegurarse desde España que esta inmunidad no podría haber sido reestablecida por el tribunal europeo.
"No es posible que el TGJUE concediera la devolución temporal de la inmunidad" ya que "corresponde a las autoridades nacionales otorgarla" ha asegurado Sonsoles Centeno, abogada del Estado.
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Del mismo modo, se critica desde España que esta devolución de la inmunidad ha sido innecesaria, ya que la euroorden vigente contra Puigdemont no habría entorpecido de modo alguno el papel de Puigdemont como eurodiputado.
"Viendo a los demandantes en Bélgica y teniendo en cuenta que la sede del Parlamento Europeo se encuentra en Estrasburgo, y las sesiones en periodos parciales y más comisiones del Parlamento se encuentran en Bruselas, no parece que se pueda entorpecer el ejercicio de la función de eurodiputado por una supuesta detención que tuviera lugar en España" aseguran desde la Abogacía.