A pesar de la evidente pérdida de apoyo ciudadano, y por tanto, una evidente pérdida de músculo politico, Carles Puigdemont, así como el resto de partidos independentistas catalanes, ha mantenido la 'fantasía' nacionalista de desafío contra el Estado español, tanto de manera autonómica como internacionalmente.
Así pues, el fugado de Waterloo, desde su refugio en Bruselas, no duda en hacer alarde de sus 'reuniones' con líderes internacionales de diversos países europeos, a la vez que promociona la creación del Consell per la República, un 'fondo común' para conseguir financiación para el independentismo.
Objetivos del ex president catalán que, sin embargo, no son más que una pantalla de humo, con la que el nacionalismo catalán busca mantener sus 'chiringuitos', financiados con dinero público, así como el costosísimo tren de vida de los principales líderes independentistas.
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Mentiras que también ha intentado mantener el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, que se creía prácticamente intocable, siendo uno de los hombres de confianza del ex president, y considerándose al margen de la ley, siendo capaz de derrotar incluso al Tribunal Supremo español.
Sin embargo, esta semana, Boye ha descubierto que la realidad siempre se abre paso entre la cortina de humo; y es que, a pesa de sus reticencias, y sus intentos de esquivar a la Justicia española, finalmente el abogado de Puigdemont ha tenido que cerrar su despacho profesional por "insuficiencia de masa activa".
Deudas para indemnizar a sus víctimas
Así pues, el cierre de la empresa ha sacado a relucir que el despacho de Boye declaró, el año pasado, unos ingresos inferiores a los 300.000 euros, y unas pérdidas superiores a los 100.000 euros; unas cifras que remarcan, no sólo la precariedad escondida tras los aires de grandeza de Boye, sino también la falta de crédito del que disponen los principales independentistas representados por el abogado.
Unos números a los que se suman las deudas de Boye por sus condenas más señaladas: entre ellas, su participación en el secuestro del empresario Emiliano Revilla a manos de ETA, teniendo que pagar Boye una indemnización de 1,2 millones de euros a la víctima, así como la fianza de 900.000 euros que debe abonar en el caso de blanqueo en el que se encuentra involucrado junto al narcotraficante Sito Miñanco.
Puigdemont tantea un posible regreso a España en 2023 con 'calzoncillos nuevos'
Indemnizaciones económicas que han llevado a la quiebra al abogado de Puigdemont, quien se ha convertido en un ejemplo de lo que le espera a Puigdemont, en su regreso, antes o después, a España, cuando tendrá que enfrentarse, no sólo a su huída de la Justicia, sino a los delitos cometidos durante el procés independentista en 2017, sin que estos delitos hayan prescrito ante los ojos de la justicia.