En la democracia española, se contempla como requisito fundamental la división de los tres poderes: el poder ejecutivo, legislativo y judicial.
Una división que, sin embargo, cada vez se encuentra más difuminada, debido a la insistencia del Gobierno de España actual, liderado por Pedro Sánchez con el apoyo de los podemitas de Pablo Iglesias, en intentar influir en las decisiones tomadas por la Justicia española.
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Si bien ya muchos criticaron las palabras del socialista, que llegó a afimar en una entrevista que la Fiscalía del Estado dependía del Ejecutivo central (y por tanto, de sus decisiones), cada vez existen más pruebas de la intromisión del Gobierno en las decisiones judiciales.
La persecución al juez del 'caso Dina', y la imposición del Estado de Alarma tras la decisión del TSJM de revocar las restricciones en Madrid no han sido más que la gota que ha colmado el vaso, y la paciencia, de los magistrados y letrados, que han comenzado a exigir que se respete la división de poderes.
Así actúa el Gobierno contra la Justicia
En los diez meses que el Gobierno socialcomunista de Sánchez e Iglesias lleva en el poder, el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que recriminar, hasta en tres ocasiones, las injerencias del Gobierno en los asuntos judiciales.
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El primer comunicado se realizó el pasado 15 de enero, después de que Iglesias retorciese el sentido real de un fallo de la justicia europea que el Gobierno interpretó como favorable para Carles Puigdemont, afirmando públicamente el vicepresidente del Gobierno que la Justicia española había sido "humillada" en Europa.
Por segunda vez, el 23 de abril, el Poder Judicial reivindicaba su libertad al Gobierno, después de que Podemos cuestionara abiertamente la Democracia española y arremetiera contra el TSJM por dictar sentencia condenatoria contra Isabel Serra.
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El pasado 19 de agosto, los magistrados volvían a responder al líder podemita, ante las críticas recibidas por la investigación de la presunta contabilidad B del partido morado.
Aún queda por conocer si el Consejo General del Poder Judicial volverá a represaliar al Gobierno socialcomunista por sus decisiones sobre el estado de alarma en Madrid, contrarias a la sentencia del TSJM, así como ante la persecución que sufre el juez que ha derivado el Caso Dina al Tribunal Supremo.