A medida que se conocen nuevos detalles sobre el comportamiento golpista de Quim Torra y su Govern se hace más necesaria la inevitable aplicación del artículo 155 en Cataluña.
El objetivo de los CDR era asaltar el Parlament
El juez Manuel García Castellón, que ha encarcelado a 7 CDR por delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia de explosivos con fines terroristas y conspiración para la comisión de estragos, recoge en su investigación que el objetivo de los Comités de Defensa de la República era asaltar el Parlament el día que el Supremo hiciera pública la sentencia de acuerdo a las órdenes dictadas por el CNI catalán, según desvela hoy el diario El Mundo.
El CNI estaría en la sombra y detrás de la iniciativa de asaltar el Parlament al más puro estilo Tejero. Un golpe de estado en toda regla con el fin último de "subvertir el orden constitucional", según se desprende de la información acumulada en la investigación de la Operación Judas y los datos recabados por la Guardia Civil en coordinación con la Fiscalía de la Audiencia.
"Subvertir el orden constitucional"
En el sumario constan conversaciones telefónicas intervenidas a los investigados en las que "se habla de la existencia de un plan de conspiración contra las instituciones del Estado, que consistiría en el asalto y posterior ocupación de forma ilegal del Parlamento de Cataluña en el precitado día D, con el fin último de subvertir el orden constitucional".
El informe de García Castellón insiste en que "el desarrollo del plan, encomendado por parte del denominado CNI catalán se habría asumido y planificado por parte del propio ERT (Equipo de Respuesta Táctico), estando implicados en varias de las iniciativas que conformarían dicho plan".
Sabotaje a las condenas del Tribunal Supremo
También se sabe que el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat) era "pleno conocedor" de la operación para que el ala más radical de los CDR asaltara la Cámara autonómica catalana como sabotaje a las hipotéticas condenas del Tribunal Supremo a los líderes golpistas del 1-O de 2017.
El Cesicat depende del Gobierno catalán y está siendo investigado desde hace años por apoyar el proceso unilateral de independencia. Aunque el origen de esta organización, que data de 2009, habla de la salvaguarda de las telecomunicaciones catalanas, la Fiscalía ha acabado probando que se ha convertido en "una especie de Agencia de Seguridad Nacional en el entendimiento de que constituye una de las estructuras básicas para el funcionamiento de Cataluña como Estado independiente", asumiendo para ello "funciones que legalmente no le están asignadas por ser competencia del Estado".
Es aquí donde entra la hermana de Puigdemont, que debía mediar entre el ex presidente de la Generalitat y Quim Torra favoreciendo la comunicación más segura entre ellos. Los autos de García Castellón recogen una reunión en la cumbre de la hermana de Puigdemont con Ferran Jolís Guardiola, Eduardo Garzón Bravo, Guillem Xavier Duch Palau, Clara Borrero Espejo y David Budria Altadill integrantes todo ellos del ERT.