Los fiscales del Tribunal Supremo que acusaron en el juicio por el 'procés' se han opuesto a conceder los indultos solicitados a favor de los condenados por el referéndum independentista celebrado el 1 de octubre de 2017 en Cataluña debido la gravedad de los hechos y a que no han encontrado razones de justicia, equidad o utilidad pública que lo justifiquen, según consta en los informes que han elaborado.
El Ministerio Público se ha negado a informar favorablemente sobre estos indultos, ni siquiera de forma parcial, por cuanto "esta institución tiene un carácter excepcional y solo cuando concurran circunstancias muy especiales de justicia, equidad o utilidad pública --que aquí no se aprecian y que nunca se deben identificar con motivaciones de índole política o derivadas de acuerdos políticos-- puede servir para adecuar las penas previstas".
"Las penas impuestas no pueden considerarse injustas en atención a la gravedad de los delitos cometidos, tampoco adolecen de falta de equidad, ya que cumplen rigurosamente con el principio de proporcionalidad de las penas y, por último, sostener la utilidad pública de esta iniciativa de gracia no es lo más recomendable cuando se ha pretendido la ruptura del marco básico regulador de la convivencia democrática".
Por todo ello, los fiscales han defendido que "no concurre ninguna razón admisible en derecho que justifique el indulto".
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Cabe recordar que la Fiscalía solicitó al final del juicio contra los doce líderes independentistas la aplicación del artículo 36.2 del Código Penal, con el objetivo de que tuvieran que cumplir al menos la mitad de la pena para acceder al tercer grado penitenciario, algo a lo que se opuso el Tribunal. Todo ello lleva a esperar que la postura del Ministerio Público no sea favorable a la concesión de indultos, aunque siempre cabe que estos sean parciales y no totales.
En todo caso los plazos estimados para la concesión de un indulto, que suelen superar los seis meses, así como los tiempos que calcula el Tribunal Supremo para concluir los trámites previos y redactar su propio informe, dificultarán previsiblemente al Gobierno poder resolver sobre las medidas de gracias de los presos del 'procés' antes de las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero.
La insistencia con la que desde algunos sectores políticos -independentistas y también Podemos- presionan para la concesión de estos indultos antes de las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero choca con lo previsto para la tramitación de este tipo de expedientes, que suele superar los seis meses según señaló el propio Ministerio coincidiendo con el anuncio de inicio de los trabajos el pasado 23 de septiembre.
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Fuentes del alto tribunal vienen señalando también que la realización del preceptivo informe de la Sala enjuiciadora, para el que se requiere recabar antes el criterio de la Fiscalía, tiene sus propios tiempos, "que no son los de la política".
Además está previsto que una vez se obtenga el criterio de la Fiscalía se reclame la valoración de la Abogacía del Estado, que acusó durante el juicio, ya que la Ley del Jurado prevé pedir valoración a la parte perjudicada.
Siete peticiones de indulto
De acuerdo con fuentes del Ministerio de Justicia hay al menos siete peticiones de indulto a favor del líder de ERC y ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; los ex consejeros Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Turull, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó; los 'Jordis' --Jordi Cuixart y Jordi Sànchez--; y la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell.
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De estas siete solicitudes, no todas se refieren a los doce condenados. La presentada para Forcadell por parte de sus predecesores Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert; la que instó UGT a favor de Bassa; y la impulsada por el penalista catalán Frances de Jufresa a favor de todos los penados
El trámite de solicitud de los indultos por particulares puede llevarse a cabo por los penados, sus parientes o cualquier otra persona en su nombre. La concesión, en caso de producirse, compete al Rey, a propuesta del ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros, y debe acordarse mediante Real Decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado.